El Consejo descartó una eventual destitución de Cendón, pero dejó el caso en manos de la Procuración

A exactamente un año de la presentación de la denuncia que puso bajo la lupa la conducción de la Fiscalía de Bariloche, el Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción resolvió este jueves (10/09) cerrar su intervención en el caso y remitir las actuaciones a la Procuración General de Río Negro.

El cuerpo aceptó por unanimidad el informe elaborado por el instructor sumariante, el legislador Juan Murillo Ongaro, quien concluyó que la prueba reunida durante la investigación no permitió acreditar conductas con la entidad necesaria para configurar mal desempeño o graves desarreglos de conducta que justificaran iniciar un procedimiento de remoción contra la fiscal jefa Betiana Cendón.

La resolución no implica el cierre definitivo de todas las cuestiones planteadas en la denuncia. El expediente será ahora analizado por la Procuración General, en el ámbito de la Superintendencia del Ministerio Público, que deberá determinar si alguno de los hechos relevados durante el sumario amerita medidas dentro de sus competencias disciplinarias.

Un año de investigación

La denuncia original fue presentada el 9 de septiembre de 2025 por un grupo de funcionarios judiciales de Bariloche y llegó al Consejo de la Magistratura con acusaciones de violencia y acoso laboral, mal desempeño, graves desarreglos de conducta y posibles irregularidades vinculadas con el ejercicio de las funciones de Cendón.

El caso generó una fuerte repercusión dentro del Poder Judicial provincial. En los días posteriores se sumaron nuevas presentaciones y cuestionamientos, mientras el Consejo avanzaba en el análisis del expediente. También hubo una denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, relacionada con presuntos hechos de violencia laboral y hostigamiento.

Durante el proceso se produjo una extensa investigación administrativa. El sumariante citó a 45 testigos, incorporó documentación presentada tanto por los denunciantes como por la defensa de Cendón y requirió información a distintos organismos del Ministerio Público.

También fueron solicitadas constancias correspondientes a numerosos legajos penales vinculados con los hechos mencionados en la denuncia.

El plazo de instrucción llegó a su límite el 19 de agosto de 2026, casi un año después de la presentación original. Días después, el sumariante Juan Murillo Ongaro entregó su informe al Consejo de la Magistratura, que tenía previsto tratarlo en la sesión de este jueves.

Qué concluyó la investigación

El informe organizó el análisis en tres grandes grupos: las acusaciones vinculadas con violencia laboral, maltrato y acoso; las expresiones y formas de comunicación atribuidas a Cendón; y su intervención en determinadas investigaciones penales.

Respecto de las situaciones laborales denunciadas, el sumariante entendió que los testimonios incorporados no configuraron un cuadro uniforme y sistemático de violencia laboral.

Algunas personas describieron situaciones de tensión y cuestionaron el estilo de conducción de la fiscal jefa, mientras que otras manifestaron haber mantenido relaciones laborales adecuadas y señalaron que no habían sufrido ni presenciado situaciones de hostigamiento.

La documentación, las capturas de pantalla y los audios incorporados al expediente tampoco fueron considerados suficientes para corroborar objetivamente una conducta persecutoria o destinada a provocar daño psicológico.

En relación con las expresiones y formas de comunicación cuestionadas, el informe consideró que algunas pudieron resultar desafortunadas, inconvenientes o impropias desde las buenas prácticas de liderazgo. Sin embargo, entendió que no alcanzaban el nivel de gravedad y corroboración requerido para configurar un grave desarreglo de conducta que justificara un proceso de remoción.

Tampoco encontró elementos para avanzar por las actuaciones penales

El sumariante también revisó distintas investigaciones penales en las que intervino Cendón a partir de los cuestionamientos formulados por los denunciantes.

Según las conclusiones del informe, no se acreditó que la fiscal hubiera actuado con una finalidad ajena al ejercicio de sus funciones, intentado favorecer indebidamente a alguna de las partes o alterado deliberadamente el desarrollo de investigaciones.

Las referencias a una eventual comisión de delitos también fueron contrastadas con documentación y actuaciones penales. En ese análisis no aparecieron elementos objetivos suficientes para superar el plano de la sospecha.

En paralelo, algunas de las denuncias penales derivadas de las presentaciones habían sido desestimadas durante el proceso.

El caso no termina en el Consejo

La conclusión del sumariante estableció una diferencia entre la eventual responsabilidad que podría habilitar una remoción y otras cuestiones vinculadas con el funcionamiento interno.

Así, aunque consideró que no había elementos suficientes para que el Consejo avanzara con un procedimiento de remoción, sí identificó situaciones de conflictividad laboral y aspectos que podrían ser revisados en materia de comunicación, conducción y liderazgo.

Por ese motivo, el expediente será remitido al procurador general Jorge Crespo, quien ejerce la Superintendencia del Ministerio Público.

Crespo no participó de la votación de este jueves porque las actuaciones pasarán ahora a su ámbito de competencia. Allí deberá analizar si corresponde adoptar medidas disciplinarias o de gestión.

El informe, además, planteó la conveniencia de revisar mecanismos internos de supervisión, comunicación, resolución temprana de conflictos y gestión de equipos.

De esta manera, a un año de aquella denuncia que sacudió al Ministerio Público Fiscal de Bariloche, el Consejo de la Magistratura descartó avanzar hacia una eventual remoción de Cendón, pero dejó abierta una instancia administrativa dentro de la Procuración General.

El extenso expediente, que durante doce meses permaneció bajo investigación del Consejo, cambia ahora de ámbito y queda en manos del Ministerio Público para definir si las situaciones relevadas ameritan algún tipo de intervención disciplinaria. (ANB)