El Gobierno prorrogó la emergencia eléctrica hasta finales de 2027

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la extensión de la emergencia del sector eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante la publicación del DNU 585/2026 en el Boletín Oficial. Esta medida faculta al Gobierno para continuar con su plan de reducción de subsidios energéticos y mantener la potestad de fijar el valor de las tarifas en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal.

Según los argumentos esgrimidos en la norma, la decisión se fundamenta en que aún persisten las circunstancias que motivaron la declaración de emergencia original en diciembre de 2023, ya que el proceso de normalización del mercado eléctrico todavía se encuentra en pleno desarrollo.

Dentro de los considerandos del decreto, el Ejecutivo advierte sobre la fragilidad técnica del sistema, destacando que durante el pico de demanda registrado en febrero de 2025 el margen de reserva fue de apenas un 4,4%, un nivel considerado insuficiente para afrontar contingencias sin afectar el abastecimiento.

Asimismo, el diagnóstico oficial señala que más del 60% de las fallas en la distribución ocurren en alimentadores con más de 25 años de antigüedad, mientras que las estaciones transformadoras operan con niveles de utilización superiores al 90%. Esta prórroga busca además coordinar la emergencia eléctrica con la del gas natural, establecida hasta la misma fecha por el Decreto 49/2026, debido a la interdependencia operativa y económica entre ambos sistemas, dado que el gas es un insumo crítico para la generación térmica de electricidad.

El nuevo marco normativo apunta a consolidar la transición hacia un esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), reemplazando las transferencias generalizadas con el objetivo de sanear la cadena de pagos y atraer inversiones privadas que aseguren el suministro a largo plazo.

El Gobierno enfatizó que, si bien se han registrado mejoras parciales en determinadas variables del sector, estas no permiten considerar superada la crisis de fondo, por lo que resulta indispensable mantener herramientas regulatorias excepcionales para garantizar tarifas "justas y razonables" en línea con la Ley 24.065. (ANB)