Los reclamos de docentes llegaron hasta la Legislatura

Integrantes de UnTER estuvieron en la Legislatura de Río Negro para exponer la situación de trabajadores de Educación, las deficiencias edilicias en la provincia y también el cierre de escuelas rurales como parte de las problemáticas.

La visita a Viedma tuvo como objetivo solicitar una audiencia de "manera urgente" con la ministra de Educación, Patricia Campos, y el gobernador Alberto Weretilneck. En este marco, se exigió una nueva convocatoria a paritarias, algo que el mandatario provincial rechazó días atrás en una visita a Bariloche.

Luego, los trabajadores docentes llegaron a la Legislatura, donde se llevaba a cabo la Comisión de Educación. El objetivo fue "exponer nuestro posicionamiento con relación a temas de carácter educativo, que están impulsando algunos legisladores a espaldas de la docencia, como la modificación del puntaje docente y la ley de arraigo", indicaron desde UnTER.

Al inicio de la reunión, la legisladora Magdalena Odarda (VcT) pidió el tratamiento del proyecto de ley que busca prohibir el cierre definitivo o transitorio de escuelas hogares y residencias rurales en localidades de hasta 2000 habitantes. 

En su intervención, enfatizó la urgencia de proceder a la reapertura de los establecimientos educativos que ya fueron cerrados, mencionando como ejemplo a la comunidad educativa de Cerro Alto, la cual obtuvo una sentencia favorable para su reapertura.

En este sentido, además, la legisladora destacó la necesidad de reincorporar a todos los docentes y auxiliares que perdieron sus puestos o vieron modificadas sus condiciones laborales a causa de estas clausuras.

Por su parte, los representantes del gremio docente UnTER respaldaron el proyecto y expusieron una postura fuertemente crítica hacia las políticas del Ministerio de Educación.

Laura Ortiz, secretaria general de UNTER, denunció un “avance sistemático” sobre las escuelas rurales y desmintió que los cierres sean “transitorios”. Exigió a los bloques legislativos que tomen una postura clara frente “a la pérdida de cargos y cierres de escuelas”, afirmando que cerrar estas instituciones no es la solución y afecta gravemente a las comunidades.

Un representante gremial relató que la Escuela 152 de Cerro Alto fue cerrada provisoriamente bajo el argumento oficial de la falta de agua, lo cual fue desmentido en el lugar por la comunidad. Denunció que, tras ganar un recurso de amparo en la justicia para restituir a las familias, se encontraron con que el edificio escolar estaba siendo ocupado y usufructuado por empresas privadas.

Un maestro rural de UNTER y CTA testificó haber sufrido la pérdida de su fuente laboral en dos oportunidades debido al cierre de la escuela hogar en Sierra Pailemán y la residencia en Nahuel Niyeu. Acusó al Ministerio de ignorar la normativa vigente y utilizar la supuesta falta de matrícula como excusa para ejecutar “cierres encubiertos” y ajustes contra los docentes en territorio.