A días de asumir
Renunció el titular del Ente Regulador del Gas y la Electricidad
El proceso de construcción del nuevo esquema regulatorio energético sufrió un revés inesperado este lunes cuando Néstor Marcelo Lamboglia presentó su renuncia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), el organismo creado por el gobierno de Javier Milei para fusionar las funciones que hasta entonces ejercían por separado el ENRE y el Enargas.
La salida se produjo apenas semanas después de que el funcionario asumiera formalmente mediante el decreto 318/2026, y fue comunicada al resto de los miembros del ente por la mañana a través de un memo enviado por el sistema oficial GEDO.
El episodio generó sorpresa en el sector energético porque el ENRGE todavía se encontraba en una etapa inicial de funcionamiento y no había logrado completar aspectos centrales de su reorganización interna. El objetivo declarado de la unificación era reducir costos operativos, simplificar estructuras administrativas y adecuar el funcionamiento regulatorio a estándares internacionales. Sin embargo, las tensiones internas se impusieron sobre esas metas antes de que el ente pudiera consolidarse.
Según distintas fuentes del sector, el principal foco de conflicto se desarrolló entre Lamboglia y Marcelo Nachón, integrante del directorio y ex interventor del Enargas, y las diferencias comenzaron incluso antes de que el organismo estuviera plenamente constituido. Uno de los primeros desacuerdos giró en torno a la política de personal: Lamboglia había planteado en una reunión de abril que no se renovaran contratos hasta que el nuevo ente pudiera definir una estrategia unificada de recursos humanos. Sin embargo, pocos días después fueron renovados por seis meses decenas de contratos que vencían a mediados de año en el ámbito del ex Enargas, y también surgieron diferencias por el pase de empleados desde modalidades transitorias hacia cargos permanentes.
La salida de su máxima autoridad deja al ENRGE en una situación delicada, con una reforma que prometía eficiencia y que, por ahora, acumula más conflictos que resultados.