La Justicia de EE.UU. confirmó la condena contra Argentina por la estatización de Aerolíneas: deberá pagar más de USD 390 millones | ANBariloche
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Revés judicial

La Justicia de EE.UU. confirmó la condena contra Argentina por la estatización de Aerolíneas: deberá pagar más de USD 390 millones

El litigio se originó tras la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008 y suma casi dos décadas de disputas judiciales.
22/07/2026 09:30 Hs.
Se confirmó la condena contra Argentina por la estatización de Aerolíneas
Se confirmó la condena contra Argentina por la estatización de Aerolíneas

La Argentina sufrió un nuevo revés en los tribunales de Estados Unidos. La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, confirmó la condena que obliga al país a pagar más de USD 390 millones por la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, concretada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008. La decisión rechazó la apelación presentada por el Estado argentino y dejó firme el laudo arbitral cuya ejecución reclama el fondo Titan Consortium.

El monto corresponde a la indemnización fijada originalmente en USD 320 millones, a la que se sumaron intereses acumulados durante los últimos años hasta superar los USD 390,9 millones.

Un conflicto que comenzó en 2008

La disputa se remonta a julio de 2008, cuando el Congreso aprobó la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que hasta ese momento eran controladas por el grupo español Marsans.

El Estado tomó el control de ambas compañías argumentando una grave situación financiera, deficiencias operativas y riesgo de interrupción del servicio aéreo. Sin embargo, los accionistas sostuvieron que la expropiación se realizó sin una compensación adecuada y llevaron el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial.

Del CIADI a los tribunales estadounidenses

En 2017, el CIADI dictó un laudo favorable a los antiguos accionistas y estableció que la Argentina debía pagar unos USD 320 millones.

La decisión quedó firme en 2019, pero el país nunca abonó la indemnización. A partir de entonces comenzó una nueva etapa judicial destinada a ejecutar el cobro en los Estados Unidos.

Inicialmente el litigio quedó en manos del fondo británico Burford Capital, especializado en comprar derechos de litigios internacionales. Sin embargo, en 2018 Burford vendió el crédito a Titan Consortium por unos USD 107 millones, fondo que desde entonces continuó las acciones para cobrar la sentencia.

El fallo conocido esta semana

La Cámara de Apelaciones rechazó el intento argentino de frenar la ejecución del laudo y ratificó que Titan Consortium tiene derecho a cobrar la indemnización.

Según explicó el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, la decisión también destraba otro litigio internacional, el denominado caso Webuild, que permanecía suspendido hasta que hubiera una resolución definitiva sobre Aerolíneas Argentinas.

"El fallo deja firme una condena que comenzó con un laudo de USD 320 millones y que, tras años de intereses y litigios, ya supera los USD 390 millones."

Un acuerdo que nunca se concretó

Durante 2024 existieron negociaciones entre el Estado argentino y Titan Consortium para cerrar un acuerdo de pago. Incluso ambas partes habían avanzado sobre el monto y las condiciones de cancelación.

Sin embargo, esas conversaciones finalmente se interrumpieron cuando el Gobierno modificó su estrategia judicial y decidió continuar litigando. Ante esa situación, el fondo reactivó los mecanismos para ejecutar la sentencia y buscar el embargo de activos argentinos en el exterior.

Un nuevo frente judicial para la Argentina

El caso Aerolíneas se suma a otros litigios internacionales que enfrenta el Estado argentino por procesos de estatización o incumplimientos contractuales, entre ellos el juicio por la expropiación de YPF y diversos reclamos arbitrales tramitados ante el CIADI.

Si bien Aerolíneas Argentinas cerró el último ejercicio con resultado operativo positivo, la resolución judicial no afecta a la compañía sino al Estado nacional, que es quien deberá afrontar el pago derivado de la expropiación realizada hace casi 18 años.