2026-05-11

Escándalo

Detectaron sobreprecios de más de 4.200% en Discapacidad

Una auditoría del ministerio de Salud en la Agencia Nacional de Discapacidad reveló que sillas de ruedas y prótesis se facturaron hasta 42 veces por encima de su valor de mercado.

El escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tomó esta semana una nueva dimensión judicial. Una auditoría interna del ministerio de Salud determinó que durante la gestión anterior el organismo pagó sobreprecios de hasta el 4.239% en insumos básicos destinados a personas con discapacidad: sillas de ruedas, prótesis y elementos ortopédicos que el Estado abonó a valores que en algunos casos multiplicaban por 42 el precio real de mercado.

El hallazgo no quedó en un informe administrativo. La Justicia federal, a través del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, abrió una causa que investiga el sistema de Prestaciones de Alto Costo (PACBI), un mecanismo que, según la acusación, permitió que un grupo reducido de empresas concentrara la mayoría de las compras de mayor valor. El esquema habría funcionado mediante contrataciones directas que eludían las licitaciones públicas, habilitando la asignación discrecional de fondos. Solo una de las firmas involucradas habría facturado 7.900 millones de pesos bajo esa modalidad.

Esta semana comienza la ronda de indagatorias. El lunes 11 de mayo declaró Osmar Caballi, contador y exdirector general de ANDIS, también identificado como socio de Farma Salud, una de las empresas bajo sospecha. El martes y miércoles le tocará el turno a la familia Sagués, Mariano, Christian, Vicente y Lucas, propietarios de una ortopedia señalada como una de las principales beneficiarias del organismo. Hacia el final de la semana serán convocados Humberto Maone, de MED-EL, y los directivos de Ortopedia Bernat. Completan el cuadro de empresas investigadas Ortopedia Alemana, New Farma y Profarma, que habrían integrado el núcleo de proveedores con acceso directo a los fondos de la Agencia.

El caso pone bajo la lupa no solo a quienes facturaron sino también al sistema de controles que debía impedirlo, en un organismo cuya misión es garantizar derechos a uno de los sectores más vulnerables de la población.

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