Crisis carcelaria en Neuquén: intiman al Gobierno a habilitar en 30 días el pabellón de máxima seguridad de la U11

La crisis por la falta de plazas en cárceles y comisarías de Neuquén volvió a quedar en el centro de la escena judicial luego de que la jueza de Ejecución Raquel Gass intimara al Ministerio de Seguridad de la provincia a poner en funcionamiento el pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención 11 (U11), inaugurado a fines del año pasado pero que aún permanece sin uso.

La decisión fue adoptada tras un habeas corpus impulsado por internos alojados en la Comisaría Séptima de Plottier, quienes denunciaron graves condiciones de hacinamiento y reclamaron su traslado a una unidad penitenciaria. En ese marco, la magistrada requirió explicaciones formales al Ejecutivo sobre por qué el nuevo pabellón de la U11 continúa cerrado pese a haber sido inaugurado hace ya varios meses.

Desde el Poder Judicial explicaron que los detenidos denunciaron que las condiciones en la dependencia policial son incompatibles con una permanencia prolongada. Entre los planteos, señalaron que varios deben dormir en el piso, que no cuentan con acceso regular al patio y que tampoco pueden participar de actividades educativas o de reinserción, como sí sucede en establecimientos penitenciarios.

La situación se agravó luego de que, según indicaron, personal policial les advirtiera sobre el posible ingreso de más detenidos a la comisaría, lo que motivó la presentación judicial para exigir el traslado. Frente a ese escenario, Gass dispuso además la prohibición de incorporar nuevos presos a esa unidad policial mientras no se reviertan las condiciones denunciadas.

La obra avanza a contrarreloj para poder inaugurarla. 

“La situación en otras comisarías es igual o peor”

En su resolución, la jueza advirtió que lo que ocurre en Plottier no es un hecho aislado y sostuvo que el panorama se repite en otras dependencias policiales de la provincia. Incluso, remarcó que en algunos casos la realidad sería todavía más crítica que la expuesta por los internos de la Comisaría Séptima.

La magistrada también recordó que en 2024 se sancionó la ley de emergencia carcelaria, una herramienta que habilitó recursos extraordinarios para enfrentar el déficit estructural de alojamiento en el sistema penitenciario provincial. Sin embargo, consideró que, pese a esas medidas, no hubo avances suficientes para resolver el problema.

Por ese motivo, otorgó un plazo de 10 días al Ministerio de Seguridad para que informe por qué, pese a contar con fondos extraordinarios y obras anunciadas, la provincia aún no logró superar la falta de cupos en sus unidades de detención.

El nuevo pabellón sigue vacío

Uno de los puntos más duros de la resolución estuvo centrado en el nuevo pabellón de máxima seguridad de la U11. Gass cuestionó que, pese a haber sido inaugurado oficialmente hace cuatro meses, todavía no haya comenzado a operar.

“Cuando algo se inaugura, la ciudadanía entiende que ya está en condiciones de ser utilizado”, sostuvo la jueza, al remarcar la contradicción entre el acto oficial de apertura y la imposibilidad real de alojar detenidos en ese espacio.

En consecuencia, ordenó que en un plazo de 30 días hábiles el pabellón esté completamente operativo y con su capacidad cubierta, de manera de aliviar la sobrepoblación en comisarías y otras dependencias transitorias.

Representante del Poder Judicial de Neuquén.

La explicación oficial y la respuesta de la jueza

Tras la intimación, la Fiscalía de Estado pidió revisar la medida y explicó que el sector aún no puede ser habilitado porque resta completar la conexión de gas, un trámite pendiente con la empresa Camuzzi.

Lejos de conformarse con esa respuesta, Gass exigió a los representantes del Estado que gestionen de inmediato ante la distribuidora de gas un informe que detalle por qué la obra no podría quedar habilitada dentro del plazo fijado judicialmente.

De esta manera, la jueza dejó en claro que no aceptará nuevas demoras administrativas para la puesta en marcha del pabellón.

Advertencia al Ministerio Público Fiscal y la Defensa

Como parte de la resolución, Gass también involucró al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa. Les solicitó que, en caso de incumplimiento de las órdenes impartidas al Ejecutivo, adopten las medidas que consideren necesarias para garantizar el acatamiento de la decisión judicial.

El planteo refleja el creciente nivel de preocupación dentro del Poder Judicial por el deterioro de la situación penitenciaria en Neuquén, en un contexto en el que las comisarías continúan funcionando como lugares de alojamiento permanente para condenados y procesados pese a no estar preparadas para ello.

La resolución vuelve a poner presión sobre el Gobierno provincial para que avance con respuestas concretas frente a una problemática que se arrastra desde hace años y que, según advirtió la propia magistrada, se encuentra lejos de haber sido resuelta.