Una nena de 11 años intentó suicidarse tras sufrir bullying y la Justicia ordenó medidas urgentes

Una situación de hostigamiento escolar sostenido terminó de la peor manera: una nena de 11 años intentó suiciderase y debió ser internada de urgencia. A partir de ese hecho, la Justicia intervino y ordenó medidas inmediatas para garantizar su protección y revisar el accionar de la escuela.

La resolución fue dictada por la jueza de Familia de la IV Circunscripción, Eliana Fortbetil, quien tomó intervención tras conocerse el cuadro crítico que presentaba la menor. La niña fue internada de manera involuntaria luego de protagonizar un intento de suicidio y evidenciar conductas autolesivas severas.

De acuerdo a lo que surge del fallo, la estudiante venía siendo víctima de burlas y agresiones verbales reiteradas por parte de compañeros. Los ataques, centrados en su apariencia física, se habrían prolongado en el tiempo sin una intervención eficaz que lograra frenar la situación.

El deterioro emocional de la menor fue progresivo. Según los informes médicos, presentaba angustia profunda, retraimiento, desgano y una afectación sostenida en su estado anímico.

El intento de suicidio marcó un punto de quiebre. Los profesionales que la atendieron consideraron que existía un riesgo inmediato para su integridad, por lo que la internación fue definida como la única alternativa posible en ese momento.

Ese escenario fue clave para que la Justicia resolviera avanzar con medidas urgentes y coordinadas.

Señalamientos a la escuela

En su resolución, la magistrada fue crítica con la respuesta institucional del establecimiento educativo. Según se desprende del fallo, la intervención frente a los episodios de bullying habría sido insuficiente, lo que permitió que el conflicto se sostuviera en el tiempo y agravara el cuadro de la alumna.

Ante esto, la jueza ordenó a la escuela que informe qué acciones adoptó hasta el momento y que presente un plan concreto para abordar la problemática.

Ese plan deberá incluir estrategias para mejorar la convivencia escolar y prevenir nuevas situaciones de violencia entre estudiantes.

Además, se dispuso la intervención de equipos técnicos especializados en convivencia escolar. La intención es que profesionales capacitados trabajen dentro de la institución para analizar lo ocurrido y acompañar el proceso de reconstrucción del vínculo entre los alumnos.

El fallo marca un precedente en Neuquén.

En ese marco, también se ordenó implementar prácticas restaurativas con los estudiantes involucrados en las agresiones. Estas acciones buscan visibilizar el daño causado, promover la responsabilidad y generar instancias de reparación.

Evaluación en salud mental

En paralelo, la jueza solicitó al Ministerio de Salud que un especialista en psiquiatría infantojuvenil evalúe a la niña para determinar el tratamiento adecuado y su evolución tras el intento de suicidio.

El objetivo es garantizar un abordaje integral que contemple tanto la atención médica como el acompañamiento emocional.

Otro de los puntos que surgieron en la resolución es que la familia había solicitado un cambio de turno para la alumna, una medida que buscaba alejarla del entorno donde se producían las agresiones.

Sin embargo, ese pedido no había sido respondido por la institución. Por eso, la magistrada ordenó que se dé una respuesta inmediata.

Un caso que enciende alertas

En su análisis, la jueza advirtió sobre la gravedad del caso y remarcó que los indicadores relevados muestran un contexto de extrema vulnerabilidad.

También expresó preocupación por la posible naturalización de conductas autolesivas entre adolescentes y por la falta de mecanismos eficaces de detección temprana dentro del ámbito escolar.

Finalmente, la magistrada recordó que los derechos de niños, niñas y adolescentes a la vida, la salud mental y el desarrollo integral están protegidos por la normativa vigente.

En ese sentido, sostuvo que el sistema educativo tiene un rol clave en la prevención de la violencia escolar y en la intervención temprana ante estos casos.

El fallo no sólo apunta a proteger a la alumna, sino también a obligar a una revisión profunda de las prácticas institucionales para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.