Milei reformó por completo las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado

Aprovechando el receso legislativo, Javier Milei firmó en la víspera de Año Nuevo un nuevo decreto de necesidad y urgencia que reestructura completamente el sistema de inteligencia argentino. La medida otorga facultades inéditas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que había sido resucitada mediante otro DNU en julio de 2024, y profundiza la opacidad de sus operaciones.

El decreto 941/2025 establece que todas las actividades de inteligencia tendrán "carácter encubierto en virtud de su sensibilidad", una terminología que llamó la atención de los analistas acostumbrados a la clasificación de "secreto" utilizada durante la gestión de Mauricio Macri. La reforma llega menos de un mes después de que Cristian Auguadra asumiera como titular del organismo, tras la salida de Sergio Neiffert, quien había perdido la confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.

El nuevo esquema mantiene a la SIDE como paraguas de cuatro órganos desconcentrados, aunque con cambios significativos. El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), orientado al exterior, permanece sin modificaciones. La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) desaparece en su forma actual para convertirse en la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), en un reconocimiento implícito de que sus funciones se solapaban con el Departamento Federal de Investigaciones creado por Patricia Bullrich.

La transformación más profunda ocurre en la Agencia Federal de Ciberseguridad, que ahora será la Agencia Federal de Ciberinteligencia. Las cuestiones de ciberseguridad migran a la órbita de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, donde se creará un Centro Nacional de Ciberseguridad bajo la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. La División Asuntos Internos pasa a llamarse Inspectoría General de Inteligencia en lo que parece un cambio meramente nominal.

En un movimiento que debilita la estructura civil de control, el Gobierno eliminará la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, vaciando de poder al Ministerio de Defensa y dejando las cuestiones de inteligencia directamente en manos de las Fuerzas Armadas.

Más allá de los cambios organizativos, lo verdaderamente preocupante para la oposición son las nuevas atribuciones prácticas. Los agentes de la SIDE quedan facultados para aprehender personas, una potestad que la Ley 25.520 les negaba expresamente. Además, el organismo podrá requerir asistencia técnica y logística de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad federales y las policías, recomponiendo una unidad operativa que se había buscado fracturar tras el regreso de la democracia.

La reforma también habilita tareas de inteligencia ante la "fuga de información clasificada", lo que se interpreta como una potencial herramienta contra el periodismo de investigación. Esta preocupación no es menor después de la filtración del Plan de Inteligencia Nacional, que generó múltiples denuncias por habilitar presunto espionaje sobre diversos colectivos sociales.

Todos los ministerios, organismos y entes descentralizados se convierten en sujetos activos de contrainteligencia, y la SIDE podrá exigir información a cualquier agencia del Estado sin restricciones aparentes.

"Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde distintos espacios de la oposición, incluyendo Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT, coinciden en advertir que el espionaje político quedará institucionalizado.