El Gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias para debatir el financiamiento universitario

El Poder Ejecutivo nacional oficializó este miércoles la prórroga del período de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero de 2026. La medida, instrumentada mediante el Decreto 103/2026 y firmada por el presidente Javier Milei, se apoya en las atribuciones que los artículos 63 y 99 de la Constitución Nacional otorgan al mandatario para convocar o extender la actividad parlamentaria fuera del calendario ordinario.

El punto central de la ampliación es la incorporación al temario de un proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795, que apunta a la recomposición del salario docente y a la actualización presupuestaria de las universidades nacionales. La iniciativa será enviada próximamente por el Ejecutivo y responde a la disputa judicial que el Gobierno debió enfrentar tras apelar medidas cautelares vinculadas al financiamiento universitario.

La extensión también contempla un ajuste, al estirar el plazo hasta el 28 de febrero, el oficialismo asegura que las comisiones parlamentarias cuenten con más de diez días hábiles para emitir dictámenes con validez formal, requisito que el reglamento de la Cámara de Diputados exige para que los despachos tengan efectos prácticos. Con ese movimiento, la gestión de Milei busca ganar margen político antes del inicio del período ordinario de sesiones en marzo.

En ese contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió a reclamar con firmeza. En un comunicado, el organismo recordó que desde hace cuatro meses existe una ley sancionada por el Congreso que obliga al Ejecutivo a convocar de manera inmediata a paritarias para los trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de los salarios. La misma norma establece pautas de actualización para gastos de funcionamiento, sostenimiento del sistema científico-tecnológico y montos destinados a becas estudiantiles.

El CIN aclaró que, si bien está dispuesto a encontrar soluciones a los problemas que afectan el funcionamiento universitario, cualquier iniciativa debe partir del cumplimiento efectivo de la ley vigente. "No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria", señaló el organismo, sino de garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades académicas y científicas que el sistema universitario nacional lleva adelante, consideradas estratégicas y vitales para el desarrollo del país. (ANB)