Gremios estatales plantearon reclamos salariales y sanitarios al gobernador Weretilneck

Desde ATE Bariloche y ATE Jacobacci, las organizaciones gremiales exigieron en primer lugar la urgente convocatoria a paritarias, con una propuesta concreta de recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras estatales.

Además, manifestaron su profunda preocupación por la situación del IPROSS en la Delegación Bariloche, en particular por el conflicto con las prestadoras Hospital Privado Regional e Instituto Materno Infantil.

Según señalaron, este escenario pone en estado de emergencia a cerca de 30.000 afiliados y afiliadas, luego de que la presidenta del organismo, Marcela Ávila, informara que el convenio con dichas instituciones vence el 31 de diciembre de 2025, sin certezas sobre su continuidad.

Por su parte, desde UnTER Bariloche reiteraron el reclamo por la aplicación del 80% de Ubicación para todas las escuelas de la ciudad, tal como se había comprometido el Gobierno provincial en septiembre de 2024. En ese sentido, remarcaron la necesidad de cumplir con lo acordado ante el alto costo de vida que afrontan las y los docentes en la región.

Asimismo, solicitaron la gestión de una nueva reunión con referentes del Consejo de Educación Zona Andina y la Unidad de Gestión, con el objetivo de evaluar el cierre del ciclo lectivo y avanzar en definiciones claras sobre los criterios de gestión de licencias, los cuales —advirtieron— se han visto desdibujados tras la incorporación de Auditorías Médicas Privadas.

Otro de los puntos planteados fue el cumplimiento del artículo 28 de la Resolución 233/98, que garantiza a todo el personal directivo y docente la licencia anual por descanso en un solo período, correspondiente a enero de 2026.

Desde las organizaciones sindicales señalaron que es responsabilidad política del gobierno provincial brindar respuestas urgentes a las situaciones planteadas, advirtiendo que se trata de demandas que impactan de manera directa tanto en los trabajadores y trabajadoras del Estado como en la calidad de los servicios públicos esenciales. (ANB)