El Gobierno oficializó el proyecto de reforma educativa para 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, oficializó este martes el proyecto de reforma educativa que el gobierno de Javier Milei venía anticipando desde hace semanas. Con un documento de 68 páginas que deroga la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006, el oficialismo propone una transformación radical del sistema educativo argentino que ya genera rechazo en los gremios docentes.

La "Ley de Libertad Educativa" introduce cambios estructurales que modifican desde el financiamiento hasta las modalidades de enseñanza reconocidas por el Estado. Entre sus ejes centrales está la implementación de vouchers educativos, una propuesta que Milei viene defendiendo desde su campaña electoral y que ahora se plasma en el artículo 83 del proyecto. Según el texto, el sistema educativo podrá otorgar a las familias vales, bonos, becas o créditos fiscales para que elijan libremente la institución educativa de sus hijos.

El aspecto más controvertido de la iniciativa es la eliminación del artículo 9 de la actual ley, que establecía el financiamiento progresivo del sector educativo hasta alcanzar el 6% del PBI. Esta meta, que nunca se cumplió completamente pero que funcionaba como referencia presupuestaria, desaparece del nuevo texto. En su lugar, el proyecto establece que el Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán financiar la educación "en condiciones de equidad entre instituciones educativas estatales y privadas", lo que implica que las jurisdicciones estarán obligadas a sostener económicamente también a las escuelas privadas.

La reforma incorpora además nuevos principios orientadores como el de "eficiencia", que exige el uso racional de recursos y la reducción de gastos considerados improductivos o asignaciones discrecionales. Este enfoque, coherente con el perfil económico del gobierno libertario, traslada a las provincias la responsabilidad central del sostenimiento del sistema educativo.

Uno de los cambios más significativos es el reconocimiento oficial de "formas alternativas de enseñanza". El proyecto legaliza la educación en el hogar o homeschooling, permitiendo que los padres o tutores impartan la educación obligatoria directamente o mediante personas designadas por ellos. También se oficializa la educación en entornos virtuales de aprendizaje, tanto en modalidad completamente virtual como híbrida.

El texto contempla además la creación de un examen nacional de finalización de la secundaria y amplía la autonomía de las escuelas, otorgando mayor protagonismo a las familias en las decisiones educativas. Entre las obligaciones que establece para los estudiantes figura el respeto al "ideario" de las instituciones privadas, un punto que refuerza la identidad particular de cada establecimiento.

Los gremios docentes ya manifestaron su oposición frontal al proyecto, argumentando que privatiza y desfinancia la educación pública, eliminando al Estado como garante del derecho a la educación. La iniciativa se presentó en el marco de las conclusiones del Consejo de Mayo y ahora deberá iniciar su recorrido legislativo, donde enfrentará un debate intenso sobre el futuro del sistema educativo argentino. (ANB)