Renunció Alberto Baños, subsecretario de Derechos Humanos de la Nación

El gobierno de Javier Milei sumó una nueva salida en sus filas. Alberto Baños renunció a la Subsecretaría de Derechos Humanos después de protagonizar una de las gestiones más controvertidas en la historia del organismo. Durante su paso por el cargo, el exfuncionario desmanteló el área, reduciéndola a una tercera parte de su estructura original, mientras desplegaba una política sistemática de ataques contra las iniciativas de memoria, verdad y justicia.

La noticia fue confirmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien lo definió como un "excelente funcionario que cumplió enormes tareas". Sin embargo, el balance de su gestión está marcado por la polémica y el retroceso institucional.

Baños llegó al cargo de la mano de Cúneo Libarona, con quien mantenía una relación de amistad. Sus antecedentes ya generaban polémica respecto a su perspectiva en la materia: como juez había omitido investigar la desaparición del policía Arshak Karhanyan y había firmado un fallo que permitió la salida de prisión de José Martínez de Hoz, el ministro de Economía durante la última dictadura militar.

Una vez en funciones, Baños desplegó una política de desguace. Los despidos masivos y la presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina controlando los accesos a la sede de la Subsecretaría en el predio de la exESMA se convirtieron en la postal de su administración. Durante todo su mandato, no logró designar funcionarios clave para el organismo.

El golpe más resonante llegó en enero, cuando su secretaria comunicó por WhatsApp el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y el licenciamiento de todo su personal. Pese a las promesas públicas de Baños en diferentes medios, el espacio nunca volvió a abrir sus puertas. Antes de ese cierre, el funcionario ya había censurado unas jornadas sobre políticas de memoria que estaban en desarrollo.

En el plano internacional, Baños promovió iniciativas igual de polémicas. Impulsó una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para catalogar las acciones de grupos guerrilleros como delitos de lesa humanidad. También respaldó los reclamos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados irregularmente por Mauricio Macri a la Cámara Federal, para que permanezcan en esos cargos.

Pero su actuación más grave ocurrió el mes pasado, cuando se presentó ante un comité de las Naciones Unidas para negar la magnitud de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina.

El capítulo final de su gestión se escribió en mayo, cuando aceptó sin resistencia la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría. En ese mismo movimiento, también desjerarquizó instituciones fundamentales como el Museo Sitio ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria, que pasaron a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

Ahora, su lugar será ocupado por Alfredo Vítolo, un exasesor en derechos humanos durante el gobierno de Macri que se ha manifestado a favor del "perdón" a represores de la dictadura.