El Gobierno prohibió el acceso de la prensa a la Casa Rosada tras denuncia penal contra periodistas

El Gobierno nacional dispuso este jueves una restricción total al ingreso de periodistas a la Casa Rosada. La medida, de alcance inmediato, incluyó la eliminación de las huellas dactilares del sistema biométrico de acceso para todos los representantes de medios que operaban habitualmente en el edificio. Sin fecha de reapertura confirmada y sin un comunicado técnico oficial, la sede del Poder Ejecutivo permanece cerrada para la prensa por tiempo indeterminado.

La decisión fue impulsada por la Casa Militar, el organismo encargado de la custodia presidencial, luego de la emisión del programa "Y mañana qué" de la señal Todo Noticias. En el centro de la controversia están los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, contra quienes se radicó una denuncia penal de nueve páginas ante el juzgado de Ariel Lijo.

La restricción se da justo cuando Milei tiene agenda prevista en la Casa Rosada. A las 14, el Presidente recibirá al empresario estadounidense Peter Thiel, uno de los más influyentes de Silicon Valley y con fuerte presencia en la industria tecnológica y militar de Estados Unidos y otros países. 

El jefe de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ibáñez, sostuvo que las filmaciones de pasillos y áreas internas del palacio constituyeron "actividades subrepticias e ilegales" que generaron las condiciones para revelar secretos de Estado y expusieron a funcionarios a riesgos injustificados. Como consecuencia directa, se suspendió la acreditación del cronista Salerno y se acusa a ambos periodistas de violar la Resolución 1319 de la Secretaría de Comunicación.

Desde el Ejecutivo justificaron la extensión de la medida a toda la prensa acreditada bajo el argumento de una amenaza más amplia. "Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal", señalaron fuentes gubernamentales a La Nación. En paralelo, el Gobierno mantiene bajo reserva una investigación sobre presuntas campañas de desinformación vinculadas a intereses externos, que ya había motivado auditorías parciales en las últimas semanas.

El presidente Javier Milei, que se encontraba en Israel al momento de la medida, respaldó públicamente la postura de la Casa Militar a través de sus redes sociales. En un mensaje de tono agresivo, el mandatario calificó a los periodistas involucrados de "delincuentes" y "basuras inmundas", extendiendo la crítica al conjunto de los acreditados y asegurando esperar que el caso llegue "hasta los máximos responsables".

La restricción representa un hecho sin precedentes para el funcionamiento de la Sala de Periodistas de Balcarce 50, que históricamente operó como un espacio de cobertura permanente. La prensa aguarda la definición de un nuevo protocolo de acreditaciones, cuya resolución quedó supeditada a los tiempos de la Justicia.