Investigación
La presunta defraudación inmobiliaria de Di Tullio llegó a juicio
Tras idas y vueltas en una causa en la que se habla de estafas millonarias, Domingo Nicolás Gabriel Di Tullio Honrado enfrenta un juicio en su contra, por presunta defraudación en la venta de once lotes ubicados en el este de la ciudad.
El empresario inmobiliario, quien además fue candidato a gobernador por Podemos Proyectar Río Negro, finalmente llegó al banquillo de los acusados después de un largo camino y una investigación en la que, incluso, el Ministerio Público Fiscal decidió “bajarse” por considerar que no había delito.
La causa fue impulsada por la querella, representada por los abogados Martín Govetto y Magdalena Sanguinetti, quienes intentan probar las maniobras que habrían perjudicado al denunciante Fernando Boudourian y le habrían ocasionado un perjuicio económico cercano a los 2 millones de dólares.
La causa fue llevada adelante por la querella, luego de que el Ministerio Público Fiscal considerara que no había delito. Foto:Marcelo Martínez.
El juicio comenzó esta semana y se prevé que mañana, viernes 29, se realicen los alegatos de cierre, para luego esperar la definición del Tribunal. A lo largo de las audiencias, se sucedieron numerosos testigos que dieron detalles sobre los procesos inmobiliarios que se llevaron a cabo.
“Como querella privada y acusación, lo acusamos por un hecho que tiene características especiales. Fernando y Di Tullio se conocieron hace unos 15 años, mantuvieron vínculos comerciales pero también una amistad. En esa relación, fueron llevando intervenciones, negocios, aportes”, explicó el abogado querellante el día del inicio del juicio.
Acorde a lo explicado por Govetto, Di Tullio y Boudarian realizaron distintos negocios inmobiliarios. En febrero de 2021, se reunieron ante el escribano Fabricio Fato y firmaron boletos de compraventa por 10 terrenos y un área de servicios dentro del barrio Solares.
En ese encuentro, según detalló Govetto, “firman algo más: un poder especial para que Di Tullio pudiese, en representación de Boudourian, escriturar los lotes, firmar instrumentos públicos y para que venda los terrenos. Confiaba en él, porque eran amigos”.
Meses después, en septiembre, Di Tullio concurre a otra escribanía junto a otra persona identificada como Ariel Burgos, “con los boletos, el poder especial y dos cesiones de derecho para certificar firmas. Ahí comienza la intención de perjudicarlo. Cede todos los derechos de esos boletos a Burgos”, relató el abogado.
Semanas más tarde, Juan Ramón Centena, otra persona vinculada a Di Tullio entra en escena y compra todos los lotes, que superaban unos 20 mil metros cuadradas, por un total de 80 mil dólares aproximadamente.
Di Tullio aseguró que actuó dentro de lo establecido en el poder que otorgó Boudourian. Foto: Marcelo Martínez.
El abogado defensor, Sebastián Arrondo, consideró que “la teoría del caso apuntó siempre a la inexistencia del delito penal. Las acciones llevadas a cabo no son merecedoras de reproche penal alguno. Boudourian le dio un poder que otorgaba facultades amplias y los actos llevados a cabo se encontraban comprendidos dentro de las facultades que otorgaba el poder”.
La defensa además explicó que en el poder en cuestión, se dejaba asentado que los lotes debían venderse a un precio superior al valor fiscal. “Los vendió al doble de lo que compró, ¿dónde está el perjuicio patrimonial?”, inquirió.
Di Tullio habló en el inicio del juicio y manifestó que “hace 25 que me dedico al sector inmobiliario. Construí 11 urbanizaciones, hay más de 2 mil lotes. En esas 2 mil operaciones de venta, tuvimos una sola demanda por demorar en entregar escrituración”, y luego afirmó que él y su familia son víctimas de “un acoso sistemático”.
A lo largo de las audiencias declararon escribanos y otros profesionales que tuvieron participación o fueron testigos de las distintas operaciones comerciales y puntualmente, a las vinculadas con los terrenos de Solares.
También prestó declaración un empleado municipal que se refirió a la empresa ChocolateFactory, a nombre de Centena, el comprador de los lotes. La firma no tenía habilitación comercial, pero sí la tenía otra compañía que tendría vínculación con Di Tullio.
El imputado aseguró ser víctima de un intento de "escarnio social". Foto: Marcelo Martínez.
Una abogada, quien se desempeña en ARCA (Ex AFIP), prestó declaración sobre informes fiscales realizados para la investigación judicial, en la que se encontraron distintas irregularidades al imputado.
Mañana se espera la realización de los alegatos de ambas partes, en la que la querella sostendrá la acusación contra Di Tullio, en contraposición con la defensa, desde donde sostienen que el hombre actuó dentro de los permisos otorgados.