2025-06-13

Pedido

Caso Linares: los querellantes impugnan la sentencia y reclaman una pena de prisión efectiva

Los abogados de las familias de las cuatro víctimas fatales del choque ocurrido camino a Villa la Angostura impugnaron la pena impuesta al conductor del camión. Sostienen que los tres años de prisión condicional no se ajustan a la gravedad del hecho y exigen que la condena sea de cumplimiento efectivo.

Los abogados Silvana Gordillo y Guillermo Hensel, en representación de las familias de Taiel, Lisandro, Ezequiel y Martina Linares —las cuatro víctimas fatales del siniestro vial provocado por Carlos Artur Peder Da Silva— presentaron una impugnación formal contra la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio el pasado 28 de mayo en Villa la Angostura.

El tribunal, integrado por los jueces Leticia Lorenzo, Maximiliano Bagnat y Eduardo Egea, había condenado a Da Silva a tres años de prisión condicional y diez años de inhabilitación especial para conducir, por el delito de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, tras conducir de manera imprudente un camión de gran porte.

Los querellantes impugnan especialmente la sentencia que define la pena, por considerarla “escasa, injusta e ilegítima”. En el escrito, señalan que la pena no refleja adecuadamente la extensión del daño causado, la multiplicidad de actos imprudentes por parte del conductor ni el impacto irreparable en las familias afectadas.

“Estamos hablando de la pérdida de cuatro vidas, y de una conducta que fue claramente antirreglamentaria en varios aspectos. La pena debe ser proporcional al daño causado y cumplir con una función reparadora, preventiva y social”, sostuvieron los abogados, quienes remarcaron que la sanción actual no asegura el cumplimiento del principio constitucional de tutela judicial efectiva, al minimizar la responsabilidad y el sufrimiento de las víctimas.

En ese marco, los querellantes solicitaron que se amplíe la condena al máximo previsto por la ley, esto es, seis años de prisión de cumplimiento efectivo, en consonancia con la gravedad del hecho y el número de víctimas fatales.

El pedido será evaluado por la Cámara correspondiente, en una etapa clave para determinar si el sistema judicial brindará una respuesta proporcional y adecuada al reclamo de justicia de las familias. (ANB)

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