Imputan a dos mujeres por estafar a un joven con discapacidad intelectual

En un preocupante caso que expone la vulnerabilidad de personas con discapacidad ante vínculos abusivos, la Justicia rionegrina imputó a dos mujeres por estafar a un joven en El Bolsón.

La maniobra, ocurrida durante 2024, incluyó engaños emocionales, manipulación financiera y el aprovechamiento de una relación de confianza generada en el ámbito educativo.

Ambas fueron imputadas en las últimas horas por el delito de estafa, tras ser acusadas de llevar adelante una maniobra fraudulenta contra un joven con discapacidad intelectual, a quien habrían manipulado para obtener el control de sus ahorros personales. El hecho ocurrió entre los meses de agosto y septiembre de 2024 en la localidad de El Bolsón.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, una de las imputadas había comenzado una práctica docente en un Establecimiento Educativo Especial, donde conoció a la víctima. 

A partir de ese vínculo inicial, logró ganarse su confianza y lo invitaba con frecuencia a su domicilio, donde también residía su pareja, quien también fue imputada como coautora del hecho.

De acuerdo con el relato fiscal, ambas mujeres le hicieron creer al joven que el entorno institucional que lo acompañaba (la escuela y el hogar donde vivía) se aprovechaba de su pensión. A partir de ese relato engañoso, lo persuadieron para que se independizara y alquilara un departamento por su cuenta.

En ese contexto, lo convencieron de transferir sus ahorros desde su cuenta bancaria personal a una cuenta de Mercado Pago a nombre de una de las imputadas, con el supuesto objetivo de comprar muebles y cubrir gastos del nuevo hogar. El 7 de septiembre de 2024, se concretó una transferencia significativa de dinero.

Sin embargo, el joven no pudo sostener su vida independiente y debió abandonar el departamento poco tiempo después. Solo recuperó una parte del dinero que había transferido. La situación fue advertida por una referente institucional, quien presentó la denuncia formal el 7 de octubre de 2024.

La investigación incluye documentación bancaria, audios, testimonios, informes técnicos y entrevistas que sostienen la acusación por el delito de estafa, en los términos de los artículos 172 y 45 del Código Penal.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensora pública penal que representa a las imputadas no objetó la acusación, aunque aclaró que su postura es distinta: “No hay un ardid ni un engaño premeditado para perjudicar al joven ni aprovecharse de su patrimonio. Vamos a utilizar los cuatro meses para demostrar una teoría del caso diferente”. Asimismo, anticipó que se buscará una salida alternativa al conflicto.

El juez interviniente tuvo por formulados los cargos e impuso medidas de coerción: ambas mujeres tienen prohibido acercarse a menos de 200 metros del joven y de dos testigos clave, así como mantener todo tipo de contacto por cualquier medio.

También deberán informar cambios de domicilio o número telefónico, y comparecer ante futuras audiencias. Las restricciones estarán vigentes hasta el 29 de septiembre de 2025.