Carriqueo: “En Río Negro faltan más de 120 relevamientos territoriales”

Por Nahuel Céspedes

El Gobierno Nacional oficializó la derogación del Decreto Nº 805/2021 que extendía la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras habitadas por comunidades indígenas en el país, vigente desde 2006. En la presentación publicada en el Boletín Oficial de esta mañana, Milei y sus ministros sostienen que la prolongación de esta emergencia por 18 años generó "inseguridad jurídica" y una "grave afectación al derecho de propiedad" de “legítimos dueños”, así como al dominio provincial sobre recursos naturales.

ANB dialogó con Orlando Carriqueo, Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Rio Negro, quien calificó la medida del Gobierno como antidemocrática y una práctica genocida. 

“Creo que es una medida antidemocrática y una práctica genocida porque lo que busca es la violencia en el territorio. Es algo muy alejado de la paz social, de la seguridad jurídica porque pone en inseguridad territorial a un montón de comunidades indígenas, dejándolas a merced de los intereses de la Sociedad Rural, del mercado inmobiliario, de las mineras, petroleras y forestales. Una medida que busca definitivamente avasallar a los pueblos en Argentina”, expresó Carriqueo. 

El werkén del pueblo mapuche señaló que la decisión del Gobierno de Milei va en consonancia con el rechazo a la adhesión de la declaración de la Organización de Naciones Unidas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

El decreto establece el fin inmediato de la emergencia y la suspensión de desalojos dispuestas por la Ley 26.160 y sus prórrogas y solicita a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación que evalúe el dictamen correspondiente.

Carriqueo comentó sobre la situación que atraviesan las comunidades de la provincia y lo que implicaría el reciente decreto. “En Río Negro faltan 120 relevamientos territoriales, es una de las provincias que más atrasada está, producto de la decisión de una sola persona, de Alberto Weretilneck, que desde 2013 no aprueba los relevamientos" sostuvo.

El Gobierno Nacional sostuvo que la extensión de la emergencia territorial indígena por 18 años no fue productiva y solo perjudicó a privados y al Estado, impidiendo hacer uso de los bienes naturales. En este sentido Carriqueo contestó: 

“No fue productivo porque hay un entramado jurídico, legislativo y gubernamental, sobre todo con los gobiernos provinciales que no permitieron el reconocimiento de esas tierras, porque hay detrás una política extractiva que va por los territorios comunitarios. El agua, oro, plata, petróleo, litio, cobre, son todos minerales que se encuentran en los territorios comunitarios”.

La resolución  del Gobierno Nacional contradice el artículo 75 de la Constitución, que reconoce “la preexistencia étnica” de los pueblos originarios y garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.