Familias de la escuela 6 presentan un amparo al Ministerio de Educación

El inicio del ciclo lectivo implica una organización familiar que requiere tiempo y dedicación: la inscripción a la escuela, la compra de útiles escolares, la coordinación entre los horarios de trabajo de los mayores y entrada y salida de la escuela, la realización de las tareas y demás actividades que se suman a la vida escolar.

Para muchas familias, la necesidad de contratar un transporte que lleve y busque a sus hijos e hijas del colegio es de suma importancia porque de eso dependerá que el estudiante pueda concurrir al establecimiento para recibir su educación, ya que muchos padres y madres no cuentan con vehículo.

Este es el caso de los estudiantes de las escuelas especial 6, de Formación Cooperativa y Laboral Nro. 6 y de la 19. Del total de niños, niñas y adolescentes que están matriculados en los establecimientos sólo unos pocos pudieron comenzar el ciclo lectivo 2023 en tiempo y forma. El resto de ellos no pudo hacer debido a la falta de transporte.

En este sentido, las familias, cansadas de reclamar por todas las vías legales y sin obtener respuesta alguna decidiendo presentar un amparo al Ministro de Educación por la grave situación institucional de la Escuela pública y la vulneración del derecho constitucional a la educación de sus alumnas y alumnos.

En diálogo con ANB, Mónica Sierra, mamá de una estudiante de la escuela laboral 6, contó todas las vías legales ya fueron agotadas. “Desde el 10 de marzo hasta la fecha presentamos notas a la gobernadora Arabela Carreras, a Ministro de Educación Pablo Núñez, a referentes de discapacidad, al Consejo Escolar y a la Supervisión de Educación Especial de la Zona Andina”.

Ante la no respuesta de cada una de estas instituciones, “el lunes de la semana pasada, fuimos al juzgado federal para que nos asesoren sobre cuáles eran los paso a seguir”, relató la referente.  

“Como todas estas notas fueron enviadas en tono de denuncia, nos aconsejaron que hagamos una intimación a todas estas personas que no respondieron. Entonces Helen Tobar, coordinadora de la Dirección de Gestión para las Personas con Discapacidad comunicó al Ministro de Educación que los padres estábamos haciendo una intimación, pero tampoco recibió respuesta”, detallo Sierra.  

A raíz de esto, Tobar informó que hay un derecho de amparo entonces “estamos viendo si nos reunimos hoy para confeccionar el amparo que será presentado en contra de Pablo Núñez, porque la educación depende de él, más allá de que responda a la gobernadora”, relató.  

La situación de las escuelas hoy

El equipo directivo de la escuela laboral 6, cita a las familias de los estudiantes el día 7 de marzo para informarles que, en noviembre de 2022, habían enviado toda la documentación requerida para informar sobre el recorrido que haría cada estudiante en el transporte escolar, que necesita ser adaptado para cada discapacidad.

“En el mes de febrero, Daniela Minor, responsable en el Consejo Escolar Zona Andina de armar y elevar las planillas del transporte adaptado, se tomó licencia y toda la organización quedó supeditada a Viedma. Desde la central responden que ya están armados los listados y, cuando los ven los directivos, se dan cuenta que habían incluido a personas que ya no viven, egresados y a quienes no viven en eso domicilios”.

“Es decir, que hicieron las cosas sin tomar en cuenta toda la documentación enviada desde las escuelas”. Y agregó “sumado a esto, deben casi cuatro meses de sueldo a los transportistas quienes, por supuesto, no quieren volver a trabajar bajo esas condiciones”.

Si el amparo es recibido por un juez federal, se evalúa dentro de las 24 horas, “por lo que la semana que vienen deberíamos tener una respuesta de parte del gobierno”.

Los estudiantes que concurren hoy a la escuela son quienes tienen la posibilidad de acceder a económicamente a las combis privadas adaptadas que cuestan hoy $7.200 por día. “Además, los remises y los taxis no te cargan la silla de ruedas porque le rayan el auto. Y los chicos que tienen autismo severo no se pueden subir con cualquier persona a cualquier vehículo”, afirmó Sierra.

Sumado a esto, la escuela laboral 6 no cuenta con un espacio físico acorde a las necesidades específicas que la discapacidad requiere. Por ello, deben deambular entre dos o tres edificios prestados que no siempre cumplen con las necesidades requeridas.

“No encontramos frente a un estado que hace abandono total de persona y que está labrando en contra de la convención de los derechos de capacidad”. Y agregó “como agravante de esta situación nos encontramos frente a un gobierno que no atienen el justo reclamo de los y las docentes, que toman medidas de fuerzas que nosotros como familia apoyamos”.

“Por lo tanto, repudiamos y exigimos una pronta solución de la situación de las y los docentes, así como también del transporte escolar comprometido para que nuestros hijos e hijas puedan iniciar su ciclo lectivo como corresponde”, concluyó la referente. (ANB)