La Justicia ordenó al municipio de Dina Huapi que entregue información al Tribunal de Cuentas

Un pedido de información por parte del Tribunal de Cuentas de Dina Huapi al municipio de la localidad, derivó luego en una acción judicial debido a la negativa del Ejecutivo de entregar datos sobre los juicios en que estaba involucrado.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a una acción interpuesta por los integrantes del organismo que pretendían conocer cuáles eran los procesos judiciales en los que estaba involucrado el municipio, ya sea como actor o demandado.

Ante la solicitud,  desde la asesoría letrada, legal y técnica del municipio, se negaron a ser auditados, aduciendo que el Tribunal de Cuentas carecía de facultades para hacerlo.

Esto llevó a que tanto la presidenta, el vicepresidente y el vocal del Tribunal de Cuentas decidieran recurrir a la Justicia y presentaron una acción de mandamus.

El mandamus o mandamiento de ejecución está previsto en la Constitución provincial para los casos en que un organismo del Estado se rehúsa a cumplir con una ley, decreto, ordenanza o resolución que imponga a un funcionario un deber concreto.

El STJ basó su resolución en el criterio de “máxima divulgación” de la información pública. Citó no solo la normativa constitucional y provincial sino los precedentes de Río Negro y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Procuración General en su dictamen también requirió que se hiciera lugar al mandamiento de ejecución.