Representantes del FDT y de JSRN coincidieron en el apoyo a la despenalización del aborto

La discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), junto con el Plan de los 1.000 Días, cerrarán el año parlamentario del Senado con una sesión que comenzará a media tarde del martes y que se extendería hasta el día siguiente.

Ambos proyectos ya obtuvieron sanción de Diputados y, si el Senado los aprueba sin cambios, serán convertidos en ley antes de que finalice el año.

El debate divide aguas en todo el país, aunque desde la representación legislativa en Río Negro ha conseguido puntos coincidentes y el respaldo para que el proyecto se convierta en ley.

La presidenta del bloque legislativo del Frente de Todos, María Eugenia Martini, hizo público su apoyo a la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se debatirá este martes en el Senado. Destacó “la convicción” y “el coraje” de los senadores Larraburu y Doñate (que adelantaron sus votos positivos), y criticó a “quienes especulan políticamente en busca de algún rédito personal”.

“Celebro y felicito la firme actitud de los senadores del Frente de Todos y su apoyo decidido a esta Ley”, expresó Martini, “es un tema urgente de salud pública, es justicia social, y es una reivindicación que ya lleva más de cien años de marchas y contramarchas en la Argentina”.

“El presidente Alberto Fernández cumple sus compromisos de campaña, dice lo que piensa y hace lo que dice”, consideró Martini; “el proyecto de despenalización del aborto es una decisión que requiere debate y también coraje, como lo exigieron las leyes de divorcio y de matrimonio igualitario”. Y reconoció que “no son pocas las presiones”.

La legisladora tomó así distancia, de quienes consideró “carecen de estatura política, se escudan detrás de planteos formales que dicen tener sobre el proyecto, cuando en realidad lo que ocultan es una especulación en busca de algún rédito personal”.

En la Argentina, el aborto es la principal causa de muerte materna. Se estima que en el país se realizan cerca de 500 mil abortos por año, cifra que oficialmente no ha sido desmentida. Y existe, al mismo tiempo, un incremento en la tasa de internaciones postaborto.

Datos de los hospitales indican que se produce una muerte materna cada tres días. Cada dos partos se practica un aborto inseguro, siempre hablando de sub registros, porque el aborto en la Argentina está penado.

“Por supuesto se trata de un primer paso importantísimo, pero el debate no termina acá. Seguramente queda mucho por profundizar”, señaló Martini.

“También es un hecho histórico, que separa a quienes tienen la integridad y la nobleza de asumir el mandato popular, de los timoratos que a última hora condicionan su voto para sacar alguna ventaja política”, apuntó.

Por su parte, legisladores de Juntos Somos Río Negro  comunicaron que “este momento exige definiciones” y, en este sentid, hicieron pública su posición en relación al Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

“Es importante que sea ley”, acordaron, y señalaron: “Estamos en vísperas de lo que ha de ser un cambio hacia adelante en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Lo primero que debemos expresar es que no estamos a favor del aborto, dado que nadie puede estarlo, y nadie debe promoverlo. Quienes llegan a esta situación, lo hacen porque la desesperación o el convencimiento han sido superiores al riesgo o a la ilegalidad”.

“Desde 1921 el aborto está penado en la Argentina, pero, es evidentemente que esta tipificación penal no tiene correlato en la práctica”, manifestaron desde un comunicado firmado por los legislaodores Graciela Valdebenito, Norma Torres, Marcelo Szczygol, Mónica Silva, José Rivas, Lucas Pica, Juan Pablo Muena, Carlos Johnston, Darío Ibáñez Huiaquian, Helena Herrero, Roxana Fernández, Julia Fernández, Adriana Del Agua, José María Apud y Nancy Andaloro.

La nota prosigue: “Creemos que el laicismo es una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos. A los estados laicos les corresponde garantizar la separación entre iglesia y Estado y a quienes tenemos responsabilidades de gobierno nos corresponde defenderla y exigir que se mantenga”.

Los legisladores de Juntos también expresaron: “Las mujeres por años fueron consideradas incubadoras vivientes, porque lo importante era reproducir y a nadie le importaba su sexualidad. Entendemos que esto tuvo que ver con la construcción histórica de un Estado paternalista y patrón, que, avasalla las decisiones personalísimas. Y, también, con una falta de política pública en salud sexual y reproductiva. Mucho se habla acerca de la libertad, máximo valor que hace a la condición humana y a la dignidad, sin embargo, es necesario mejorar las decisiones que conducen a garantizarla. Hay una realidad que no podemos ignorar mientras mueran mujeres por causas evitables”.

“En nuestra Argentina hay desigualdad. Ante ello es el Estado, con sus decisiones públicas, quien debe intervenir para procurar el equilibro, porque la clandestinidad existe para todas pero se lleva la vida de las mujeres pobres”, indicaron.

Y agregaron: “Estaremos siempre por la ampliación de los derechos, porque no se puede menospreciar la inteligencia de las mujeres diciendo que la interrupción voluntaria del embarazo será utilizada como un método anticonceptivo más”.

Finalmente aseveraron que “el proyecto de Ley IVE, es un acto de justicia social. Se trata de poner fin a la violencia. Es claro que la criminalización del aborto, incluso la penalización parcial que en principio reconoce causales para permitirlo, sigue vulnerando a las mujeres. Frecuentemente se impone el juicio de quienes ejercen ciertas profesiones por sobre las necesidades, los deseos y el discernimiento de quienes sufren las consecuencias de lo normado en una sociedad patriarcal”.

Y concluyeron: “Deseamos que no existan mujeres sometidas por la burocracia judicial, el intervencionismo religioso, o el ejercicio autoritario, hegemónico y lucrativo del poder médico”. (ANB / Prensa legisladores de los bloques FDT y JSRN)