Guardavidas rechazan las condiciones de la convocatoria del municipio
Luego de que el municipio hiciera pública la convocatoria para ocupar los puestos de guardavidas en las playas de Bariloche, dirigida a quienes hayan trabajado en temporadas anteriores, los trabajadores y trabajadoras rechazaron las condiciones planteadas.
A través de un comunicado, señalaron que las mismas son “ilegales, discriminatorias, persecutorias, e irresponsables” y apuntaron “el requisito de certificar 15 años de residencia en Bariloche para acceder a nuestro derecho a la continuidad laboral, condición que indudablemente tiene el objetivo de excluir a la amplia mayoría de los y las trabajadoras guardavidas municipales. Cabe destacar que el requisito para ser intendente en Bariloche (cargo político) es de 3 años de residencia”.
Señalaron además que “a consecuencia de ello, el servicio de seguridad en playas está siendo drásticamente recortado en calidad y cantidad, con la quita de la prestación en Playa Melipal y con la reducción de 1/3 de la duración del servicio. Haciéndose además en un marco de grave discriminación y precarización de la condiciones laborales”.
Los guardavidas de Bariloche ven esto “cómo un modo de venganza, puesto que somos quienes a lo largo de los últimos años y a través de nuestra Organización Gremial (AGBA), denunciamos y resistimos todas aquellas imposiciones del Ejecutivo Municipal que cercenan derechos legítimamente adquiridos”, agregando que “no hay absolutamente ningún criterio profesional para disponer los cambios en la organización del servicio, el cual ha demostrado una eficacia del 100% en los últimos 20 años, cambios que significan una reducción de la calidad del servicio, mediante lo cual, lamentablemente, se pone en serio riesgo la salud de los vecinos, vecinas y turistas que concurran a las playas publicas habilitadas”.
Ante esta situación anunciaron que intesificarán a partir de hoy (3/12) el plan de lucha, “convocando a las compañeras y compañeros trabajadores, que estamos atravesando conflictos y sufriendo la desidia del Gobierno Municipal y Provincial; cómo así también a usuarias y usuarios de servicios publicos reducidos o eliminados, a las Juntas Vecinales, a los Organismos de Derechos Humanos y a todas las organizaciones que sean víctimas de las políticas neoliberales de achicamiento del estado en beneficio de amigos empresarios, que pretende aplicar el Ejecutivo Municipal”. (ANB)