Exigen que se ponga en marcha el  proyecto de Emergencia Alimentaria

Por Cecilia Russo.

En diciembre de 2019, luego de un año de debate, el Concejo municipal aprobó la ordenanza Nº 3121-CM-19, que declara la emergencia alimentaria en Bariloche por el término de dos años, y crea el Programa de Seguridad Alimentaria y el Consejo de Seguimiento.

A más de dos meses de sanción de aquel proyecto votado positivamente por una unanimidad, no se han puesto en marcha las medidas que marca la normativa.

Así lo denunciaron desde las organizaciones sociales que integran los Cayetanos, (CTEP, CCC y Somos Barrios de Pie), quienes llevaron el reclamo de la problemática alimentaria a las bancas de los concejales.

José Ojeda, miembro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), dijo a ANB que “si bien sabemos que el Municipio están asistiendo a algunos comedores y merenderos, no sabemos cuál es la totalidad, no tenemos conocimiento de cómo se está avanzando”.

En este sentido, desde la CTEP exigen que las autoridades convoquen inmediatamente a la mesa del Consejo de Seguimiento de la Emergencia Alimentaria (CSEA), “porque desde ahí vamos podemos ver cómo avanza la entrega de los alimentos. No tenemos ninguna información, porque no estamos trabajando con esa mesa”, señaló Ojeda.

La misma, de acuerdo al Artículo 5º de la Ordenanza, debe estar conformada por  dos (2) representantes del Ejecutivo municipal; dos (2) representantes de los sindicatos; un (1) representante de la Salud pública; y tres (3) representantes de organizaciones sociales y universidades nacionales; además de los dos concejales ya designados, Natalia Almonacid (Juntos Somos Río Negro) y Roxana Ferreyra (Frente de Todos).

Sesión de aprobación de la Ordenanza de Emergencia Alimentaria en diciembre de 2019

Asimismo, exigen que se haga un llamado público a una pre inscripción de las instituciones: “Nosotros, cómo organización, tenemos la idea de que hay muchos comedores y merenderos que no han sido identificados, que trabajan por su propia cuenta y que no reciben ayuda del Municipio. Por eso pedimos que se haga un llamado público y que recién ahí el Municipio los visite. Es la opción más clara y más justa para todos, porque si no van a los que sólo conocen ellos y más de uno va a quedar afuera”, aclaró el referente de CTEP.

En este sentido, el Artículo 9º de la mencionada Ordenanza enuncia que “a partir de la promulgación (…) el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Municipal deberán designar en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a sus representantes. Quienes deberán realizar la inscripción de las organizaciones sociales, sindicatos y de Salud Pública”.

Seguidamente, Ojeda apuntó sobre el oficialismo local y dijo: “El Municipio hizo aprobar la ordenanza por el cambio de Gobierno nacional. Declararon la emergencia alimentaria, ahora tienen que hacerse cargo, no sólo con papel y lápiz”.

Cabe destacar, en este sentido, que en diciembre pasado, el intendente Gustavo Gennuso participó de un encuentro con Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en busca de  un consenso para trabajar el déficit alimentario del país, en el marco del Plan Argentina Contra el Hambre.

Ojeda aseguró que durante esa reunión se comunicó que las tarjetas del programa Alimentar bajarían a las ciudades que estén declaradas en emergencia alimentaria. “Por eso no nos llama la atención que hayan cambiado de opinión de un día para el otro. A este Gobierno no le interesa el tema del hambre”, expresó.

“El Gobierno nacional está luchando fuertemente contra el hambre y desde la intendencia deberían estar aliados en este sentido, para poder llevar soluciones a las cientos de familias que van a los comedores y que siguen yendo al Vertedero por la falta de trabajo e ingresos”, añadió.

La Ordenanza 3121-CM-19 fue aprobada el 5 de diciembre de 2019. Su Artículo 8º expresa que “en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles de promulgada la presente, deberá reglamentar la creación del Programa de Seguridad Alimentaria Municipal”. Según las organizaciones sociales, “esto debió haber sucedido el día martes 4 de febrero del 2020, pero aún no contamos con información”.

El hambre en Argentina

La Argentina sigue siendo un país de pobreza en su amplio sentido: no solo por los niveles de ingreso sino por la acumulación de carencias, ya que un 32,2% de la gente sufre de problemas de inseguridad alimentaria y de acceso a la atención médica o medicamentos, un 40,8% está bajo la línea de pobreza y al menos un 33,5% vive en zonas sin agua potable o red cloacal.

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que realiza una radiografía del déficit en siete dimensiones de los derechos y pobreza en la Argentina, reveló que en el 2019 se registraron agravantes en cuanto a la pérdida de derechos y la profundización de situaciones más vulnerables de la población.

el último relevamiento de esa institución sostiene que la inseguridad alimentaria que implica la reducción involuntaria de la porción de comida o la percepción de manera frecuente de experiencias de hambre pasó del 28,2% en el 2018 al 32,2% de la población en el 2019. Esta cifra también se traduce en un incremento de los problemas de la gente para el acceso a atención médica o a medicamentos y se ubica entre los parámetros más altos registrados en los últimos 10 años en la Argentina.

Algo similar ocurre con la pobreza por ingresos, donde pasó del 33,6% en el 2018 al 40,8% en el 2019 y es la cifra más elevada de los últimos 10 años, que no se veía desde el 2006 o 2007. (ANB)