Tres de Mayo: Una decisión del gobierno de Martini que podría costarle muy caro a Bariloche
En 2014 la por entonces intendenta María Eugenia Martini decidió incautar todos los bienes y el predio de la empresa 3 de Mayo, que durante largos años prestó el servicio de transporte urbano de pasajeros. Hoy, esa decisión podría costarle a Bariloche una demanda por más de 40 millones de pesos.
En 2014, todos los bienes de la firma fueron incautados por la Justicia por pedido de Martini, quien además realizó un contrato precario con Autobuses Santa Fe, empresa que comenzó a prestar el servicio, usando el espacio en conflicto. Desde entonces, los titulares de Tres de Mayo vienen reclamando por las pérdidas económicas que les generó la situación.
La demanda puntual que la empresa 3 de Mayo encabeza contra el Ejecutivo apunta a los daños y perjuicios que le ocasionó la decisión de Martini. La suma que intentarán que desembolse el municipio es de unos 40 millones de pesos más las costas del proceso judicial.
En la carta documento que la firma envió a través de su abogado Rodolfo Rodrigo años atrás, especificaban que el dinero corresponde a una reparación a la "ilegítima y aberrante confiscación de los bienes", lo cual le impidió, argumenta, seguir operando otras líneas, como la que recorría la Región Sur por la ruta 23.
En un detalle de los perjuicios económicos, arriba a la demanda por 26 millones de pesos, sumando 10,4 correspondientes a la explotación de los servicios por la Región Sur; 400 mil pesos por la línea perdida al Cerro Catedral -concesionada por la Provincia-, 1,5 millones por las unidades incendiadas, 3,4 millones por el robo de repuestos y herramientas, 1,5 millón por el alquiler compulsivo de las unidades a Autobuses Santa Fe, entre otros conceptos.
Ahora, Rodrigo indicó que el juicio se encuentra en la etapa de producción de pruebas y peritaciones, a cargo del Juzgado 1 de la ciudad.
El asesor de la firma sostuvo tiempo atrás que el municipio es responsable por los daños provocados por los incendios de unas 20 unidades, y los robos de neumáticos y repuestos. También acusa a la comuna de daños indirectos, como la quita de activos.
Si el juicio avanza a favor de la empresa, el Ejecutivo deberá hacerse cargo del pago de la suma de dinero determinada, lo que podría generar un importante impacto negativo en las arcas municipales. (ANB)