Jueces de Faltas advierten contradicciones normativas para cobro de multas

La aplicación de la reciente modificación de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria complejizó la labor de los Jueces de Faltas para fijar los valores de las multas que, por contradicciones normativas, se dispararon. En la práctica, pese a la reciente “pesificación” de los valores, la no derogación de la Ordenanza que establece el cáculo de las multas a través del módulo fiscal, y el significativo aumento de ese concepto expresado en la nueva Ordenanza, provocaron un desfasaje que “hasta cuadriplicó el valor de algunas multas”, explicaron los jueces de Faltas Gustavo Contín, y Débora Bietti, este miércoles en el recinto legislativo.

Ambos funcionarios advirtieron por la multiplicidad de reclamos de los contribuyentes y los posibles juicios que enfrentaría la Municipalidad.

Además, cargaron sobre la “técnica legislativa” de los ediles, que dieron tratamiento al proyecto de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria que impulsó el Ejecutivo, y la aprobaron, sin derogar otras normativas contrapuestas. Si bien en esa norma los valores de las multas se “pesificaron”, y se abandonó el cálculo a través del módulo fiscal, la Ordenanza que regula esa variable sigue vigente, y genera significativos desfases entre los valores de multas acordados por los concejales.  

En la práctica, traducir el endurecimiento de las multas fijado en la nueva Ordenanza a través del prisma del módulo fiscal, podría implicar, en algunos casos,  multas del orden de los 45 mil pesos, según explicaron los jueces de faltas. Es que “tenemos que regirnos por la Ordenanza que estipula el cobro de multas bajo la variable del módulo fiscal, porque por una cuestión jurídica, una norma específica tiene más peso que una general”, explicó Contín a los concejales.

Por su parte, el edil -y abogado- Alejandro Ramos Mejía (FpV), rebatió ese argumento y aseveró que la Ordenanza que estipula el módulo fiscal es “general”, y opinó que “no hay lugar para perderse”.

“Hay Ordenanzas que no se derogaron y son contradictorias con lo que se aprobó, nos van a complicar la aplicación de la nueva Ordenanza Fiscal y Tarifaria”, señaló Contín.

Lo cierto es que el mayor escollo que presentan las incongruencias normativas para el cobro de multas, radica en que los infractores podrían litigar contra el Municipio. “Debido a que las multas se vuelven tan altas, con este desfasaje, los contribuyentes pueden avanzar en el sistema litigioso, y tenemos flancos muy vulnerables. Una multa de 2 mil pesos la pagan, y se evitan contratar un abogado, pero no sucedería lo mismo con una de 45 mil pesos”, advirtió Contín.  

Los dos jueces de faltas, no cuestionaron el “espíritu” de la nueva Ordenanza Fiscal y Tarifaria -que endureció las multas-, pero sí el hecho de que no se hayan derogado las normas preexistentes y contradictorias a la actual.

Por su parte, la asesora letrada del Concejo, Josefina González Elizondo, explicó que la decisión de no derogar la Ordenanza que regula el módulo fiscal se cimentó en que existen gravámenes -como los Derechos- cuyo cálculo tributario continúa expresándose bajo la mencionada variable, que también fue actualizada en la última reforma normativa.  

La letrada y los ediles, coincidieron en que es la última norma sancionada la que debe aplicarse, por lo que no debería haber lugar a confusiones. González Elizondo defendió que “para el Concejo quedó claro que las multas están en pesos, y los montos representan una decisión política”, aclaró.

Contín propuso que se abroguen algunos artículos o normas, como por ejemplo el que “me obliga como Juez de Faltas a aplicar el sistema de módulos fiscales para el cobro de multas”, tal como lo estipula la Ordenanza que regula ese concepto.

En todo caso, las observaciones de los jueces de faltas, no resultaron sorpresivas para los ediles ni su asesora letrada. Admitieron que preveían “tratar en una segunda etapa” las contradicciones normativas que podrían presentarse, pero a dos meses de la aprobación de la Ordenanza, no habían revisado esas posibles incongruencias, ni convocado a los jueces de faltas.

El presidente de la Comisión de Economía en la que se trató el proyecto de Ordenanza en cuestión, concejal –y abogado- Leandro Lescano (FSP) reconoció: “Sabíamos que con tanta cantidad de normas podía pasar, pero nos basamos en la derogación tácita de la Ordenanza del módulo fiscal. Sabíamos que iba a haber zonas grises, o desfasajes. Por cuestión de tiempo no se derogó”, admitió y justificó que “el Ejecutivo tenía urgencia de que se aprobara” la reforma.

Sobre ese mismo eje, Lescano se amparó en que “pensamos en que si derogábamos expresamente podíamos estar abrogando algo que no debía anularse. Por eso apuntamos a la derogación tácita”, sostuvo.

El concejal de Pueblo, propuso a los jueces de faltas que detallaran las incongruencias en el marco de una reunión en la próxima Comisión de Economía -prevista para este lunes- para “sacarle la zona gris”  a la normativa, y “especificar las modificaciones necesarias” para “zanjar normativamente” y “evitar problemas para el contribuyente o el Municipio”.

El oficialismo, los ediles Alejandro Ramos Mejía y Mauro González, abrieron rápidamente el paraguas, y pidieron que se incluya a un representante del Ejecutivo en esa reunión, para evitar cambios en la estructura de la reforma tributaria. Se definió entonces que el Asesor Letrado del Ejecutivo, Ricardo Medrano, será convocado para participar del encuentro.

En tanto, Contín reiteró que “si me rijo por la última Ordenanza (Fiscal y Tarifaria) se me disparan las multas. Y hay que ver si todo esto no genera que los contribuyentes dejen de pagarlas”, arriesgó.

“Si aplicamos la norma como está, el Poder Judicial nos puede revocar las sentencias. Hasta ahora no pasó porque tomamos recaudos”, transparentó el Juez de Faltas, y agregó: “Esto nos va a generar recursos y apelaciones, nos va a ir mal”, vaticinó.

Y selló: “En el 80 por ciento de los casos, hasta el más ingenuo de los abogados tendrá razón en muchos criterios jurídicos” que podrían plantear al Municipio, bajo el paraguas de la contradicción normativa. (ANB)