Justicia intima a la Provincia a resolver la superpoblación en la Unidad Penal
La crisis por el hacinamiento de detenidos en la Unidad Penal III cosechó en las últimas horas un nuevo fallo judicial. En este caso, el Juez de Ejecución Penal, Juan Martin Arroyo, ordenó a la Provincia que adopte una serie de medidas solicitadas en un hábeas corpus por un grupo de fiscales de Bariloche.
La resolución se origina en la presentación efectuada por los Fiscales Carlos López, Eduardo Fernández, Martín Govetto, Bernardo Campana, Guillermo Lista y Sergio Pichetto, quienes denunciaron las "lamentables, luctuosas e indignas condiciones de detención que vienen sufriendo gran parte de los internos".
Arroyo ordenó al Director General del Servicio Penitenciario, Hugo Cecchini, que elabore y remita al Juzgado, en el plazo de 24 horas, un listado de los internos condenados con sentencia firme que se encuentren allí alojados, "que estén en condiciones de ser trasladados en forma transitoria y rotativa, al Establecimiento de Ejecución Penal de Viedma". De ese grupo, "deberán ser excluidos aquellos internos que presenten alguna particular situación personal o familiar que merezca ser atendida y torne absolutamente contraproducente dicho traslado, sea por razones familiares, de estudio o trabajo", indicó.
Además, requirió un informe sobre los internos condenados con sentencia firme que, "por el grado de evolución alcanzado en el proceso de reinserción social, estén en condiciones de obtener alguna rebaja de sus condenas mediante la conmutación de pena", facultad del Gobernador de la Provincia. Esta prerrogativa se tomaría "como incentivo para aceptar voluntariamente ser trasladados de forma definitiva al E.E.P. N° 1 de Viedma o algún otro que el Servicio Penitenciario sugiera", señaló el Juez.
La situación de gravedad en la Unidad Penal es tal, que el magistrado insistió en la necesidad de lograr la "habilitación de nuevos espacios para alojar en condiciones dignas a las personas privadas de libertad, ya sean construcciones modulares (contenedores), nuevos pabellones o el tan prometido y demorado nuevo Establecimiento de Ejecución Penal para la Tercera Circunscripción". Sobre las construcciones modulares, explicó que "nada tiene que ver con emplazamientos de 'containers'. La propuesta -dijo- abarca la construcción industrializada de módulos habitacionales y sería encargadas a empresas especializadas en el tema, las que se caracterizan por construir oficinas en empresas que realizan trabajos alejados de zonas urbanas, stands para eventos, parques industriales, equipos móviles para empresas petroleras, es decir que están previstas en las mismas todos los requerimientos necesarios, para habitabilidad en condiciones dignas".
El Juez incluso pidió que se detallen los posibles cupos en Comisarías de Bariloche, Dina Huapi y El Bolsón, para el alojamiento de detenidos.
En su resolución, Arroyo también reclamó que -en 72 horas- se reemplacen la "totalidad de los antiguos colchones de goma espuma que aún se utilizan en la cárcel y su reemplazo por los nuevos 'ignífugos', que, de acuerdo a lo informado verbalmente por el Director de la Unidad, ya estarían a su disposición". (ANB)