2015-03-25

Tres de Mayo amenaza al Municipio con “juicios millonarios”

Los empresarios calificaron como “un robo vulgar” la incautación de micros, talleres y oficinas, realizadas por la Municipalidad. Anticiparon que presentarán una denuncia penal ante la Justicia, y cuestionaron un acuerdo espurio con Autobuses Santa Fe. Críticas a la administración de la intervención judicial.

No termina la crisis en la relación entre la empresa Tres de Mayo y el Municipio. Directivos de la firma anticiparon en el Concejo Municipal que impulsarán denuncias judiciales -de carácter penal y civil- para que se determinen las responsabilidades del “robo vulgar” que sufrió la empresa, según calificó el abogado Rodolfo Rodrigo al proceso de incautación realizado por la comuna.

El 30 de diciembre pasado, el Municipio incautó micros, predio, depósito, talleres, galpones, oficinas, entre otros elementos, y los transfirió a Autobuses Santa Fe para garantizar la continuidad del servicio.

Rodrigo planteó ante los concejales que esa medida se tomó cuando ya no existía relación entre la empresa y la Municipalidad, ya que en julio el Estado había dado por terminada la concesión. En ese marco, calificó como “un robo vulgar” el hecho, y arriesgó que “en la historia institucional de Bariloche no hubo nunca un desparpajo así”.

Sin embargo, la Asesora Letrada del Concejo, Josefina González Elizondo, recordó a Rodrigo que un día después de la quita de la concesión, el mismo Ejecutivo dispuso por Resolución sostener el vínculo a través de un permiso precario, hasta el 31 de diciembre, es decir un día después de la incautación, producida el 30.

Rodrigo acompañó al titular de Tres de Mayo, Guido Dal Pozzo, quien agregó que con una medida “premeditada” por parte del Municipio, la empresa sufrió también la clausura de talleres, lo cual derivó en la imposibilidad de prestar el servicio por la ruta 23 -Región Ssur-, y la consecuente pérdida de la concesión.

Rodrigo dijo que elevaría denuncias penales contra la Intendenta María Eugenia Martini y el subsecretario de Transporte, Francisco Pego; y dijo que, en todo el proceso, el Municipio actuó como un “gestor” de los intereses de Autobuses Santa Fe, a la que calificó como una empresa “vinculada al Gobierno Nacional”. Agregó que los funcionarios deberán “responder con su patrimonio”, ante esta situación.

Ante el aval que la Justicia dio a cada uno de los pasos tomados por el Ejecutivo, el abogado de Tres de Mayo, arriesgó: “Si (el Juez, Jorge) Serra no fuera honrado, diría que acá hay un acuerdo”.

“Acá hubo un robo desvergonzado. Autobuses Santa Fe presta el servicio con nada: los micros, talleres y oficinas son de Tres de Mayo”, resumió Rodrigo.

Los empresarios pidieron la intervención del Concejo, y hasta dejaron entrever que podrían “extender” las responsabilidades a ese ámbito. (ANB)

Te puede interesar