2015-03-13

Podrían acotar la pauta oficial a medios con trabajadores regularizados

El Concejo reanudó el tratamiento del proyecto de Ordenanza destinado a regular la publicidad oficial del Municipio. El Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche, planteó ante los ediles la necesidad de fijar un mecanismo que impida al Estado pautar en medios de comunicación que no tengan regularizados a sus trabajadores.

Se reactivó el tratamiento legislativo del Proyecto de Ordenanza que establece pautas para la distribución de la publicidad oficial municipal. El objetivo de la iniciativa impulsada por concejales de diversas bancadas y el Ejecutivo, es "establecer mecanismos de asignación para los fondos correspondientes al gasto" publicitario.

Convocado por los concejales, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche, Daniel Marzal, propuso incorporar a la norma, un mecanismo que acote la distribución de la pauta oficial, a medios con trabajadores regularizados, tal como está estipulado en la ley 12.908.

El aporte de Marzal fue valorado por los ediles, y podría ser incorporado al Proyecto de Ordenanza. No obstante, el principal escollo para avanzar en ese sentido, es la extrema precarización laboral que atraviesa al grueso de los trabajadores de prensa de la ciudad.

"Tuvimos una reunión muy positiva con el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Prensa, trajo puntos muy interesantes, como el de incorporar un mecanismo que prohíba al Municipio pautar en medios que tengan personal en negro", consignó el concejal Leandro Lescano (FSP).

Sobre una misma línea, agregó: "Seguramente la iniciativa se incorporará al Proyecto de Ordenanza, pero la intención es que ocurra, que no sea algo 'declamativo'. Debemos buscar el mecanismo adecuado, para que las empresas de medios no evadan sus obligaciones" con los trabajadores, señaló Lescano.

Impulsado inicialmente por el bloque del Frente Social del Pueblo, el Proyecto crea el Registro Municipal de Medios de Comunicación -en reemplazo del nunca instrumentado Registro Municipal de Medios (REMUME)-, y detalla los mecanismos para la asignación de la pauta publicitaria.

Según se establece en el proyecto original, los criterios elegidos para la distribución incluyen "medios o programas de exclusiva realización y producción local; programas con un proyecto cultural, social y turístico, vinculados con la ciudad; programas y medios de mayor audiencia o tiraje; medios, programas o producciones independientes que posean un mínimo de un año de publicación o salida al aire ininterrumpida; y la vinculación de la temática a comunicar con destinatarios específicos.

Uno de los puntos polémicos del proyecto es la incorporación de mediciones de audiencia para la determinación de la "equitativa distribución" de los recursos: "deberá basarse en una metodología de sondeos de opinión pública y de técnicas cualitativas y cuantitativas anuales para determinar los niveles de audiencia de los medios y su composición", indica el texto consensuado por los ediles.

En el texto inicial del proyecto no es especifica la incidencia de este punto en la valoración técnica que precederá a la definición sobre el otorgamiento de la pauta. Lo cierto es que las legislaciones más progresistas en la materia advierten que el sometimiento de la decisión del reparto a los resultados de mediciones de audiencia, tiende a la concentración en grupos "consolidados" y contempla contra la multiplicación de nuevas voces en el espectro de la comunicación.

El Estado municipal reclamará a los medios la inscripción y "regularidad fiscal" ante la AFIP, Rentas de Provincia, y un libre deuda municipal.

Otro de los puntos destacados del proyecto, es el resguardo incluido "a los fines de evitar la indebida utilización en épocas electorales". Con ese objetivo, "no se podrá emitir publicidad oficial que informe los actos de gobierno quince días antes del sufragio. En éste periodo sólo se podrá publicitar mensajes vinculados a campañas de prevención, concientización o aquellos impuestos por obligación legal de informar".

Oportunamente, a través de un dictamen, la Asesora Letrada del Concejo, Josefina González Elizondo, expuso falencias normativas de la iniciativa. Entre ellas, señaló que para la pretendida norma “no se ha considerado la Ley nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual -Número 26.522- de fundamental trascendencia para la temática que trata el proyecto”, sostuvo, y planteó otras objeciones al proyecto, que están siendo tratadas por los ediles. (ANB)

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