A la caza de los espías

Es decir, el Gobierno no aclara qué sospechas tiene sobre la relación entre el espía y el fiscal sino que carga sobre Stiuso con una acusación temeraria que, de ser cierta, indicaría no sólo el descontrol de los agentes de inteligencia, sino que éstos están vinculados a narcotraficantes. Sintéticamente: la cuatro por cuatro es de House to House, una empresa de logística con bases nada menos que en Ezeiza, Zárate, Santa Fe y Asunción del Paraguay. Cuatro puntos calientes si los hay para cualquier servicio de espionaje que quiera detectar las vías de salida de clorhidrato de cocaína con destino a países de Europa. Ahora bien, esta empresa tuvo un pequeño traspié hace exactamente un año cuando su “vicepresidente”, Bernabé Moschella, fue detenido por ser parte de una banda que se dedicaba al lucrativo negocio de la exportación de cocaína. La causa tramitó en el juzgado federal de San Isidro a cargo –nada menos– de Sandra Arroyo Salgado. El presidente de House to House hizo sus descargos ante la jueza y la empresa no quedó involucrada. Por supuesto, al momento de la detención de Moschella, la crónica periodística no registró el vínculo de House to House con los espías vernáculos como ahora afirma Parrilli. El nuevo jefe de la Inteligencia dio una rueda de prensa para denunciar, además, maniobras de contrabando por parte de Stiuso y otros agentes. Casi 100.000 kilogramos de material ingresado amparados en la ley de Inteligencia que les permitió burlar el pago de los aranceles correspondientes. Se trataría de play stations, artículos médicos y oftalmológicos que entraron entre 2013 y 2014.

Consultado un directivo de House to House hizo varias observaciones: que la empresa tiene 25 años y es proveedora del Estado desde entonces en múltiples áreas; que Moschella no era vicepresidente ni accionista aunque sí integró un año el directorio; que en un escrito, la jueza Arroyo Salgado había aclarado que esta empresa no estaba involucrada en la acusación que pesa sobre Moschella; que respecto a los cargamentos denunciados por Parrilli, intervinieron 40 agencias de logística y comercio exterior y que House to House participó de un solo cargamento y que toda la documentación estuvo en regla. Lo que el directivo de House to House reconoció es que Stiuso salió del país en un vehículo de esa compañía y dijo que ellos “deberán investigar” cómo fue eso. Al respecto, reconoció que el agente de Aduana Damián Sierra –quien según Parrilli viajó con Stiuso en la cuatro por cuatro– tiene vínculos personales con algún directivo de House to House.

Surgen demasiados interrogantes que exceden la evidente interna que se juega en esa dependencia pública. El primero y más obvio: por qué Stiuso, el espía considerado tan capaz por propios y ajenos, saldría en un vehículo de una empresa complicada en delitos. El segundo y más preocupante: todo lo que denunció Parrilli sucedió cuando Héctor el Chango Icazuriaga ocupaba el mismo lugar que ahora ocupa el ex secretario general de la Presidencia. Funcionarios que trataron con Icazuriaga y su segundo, Francisco Larcher, aseguran que como es lógico cualquier gasto o inversión es responsabilidad del “Señor cinco” (el jefe). Entonces, para castigar a Stiuso –tercero en la línea de mando hasta el 18 de diciembre de 2014–, el Gobierno lleva una denuncia a la Justicia a sabiendas que ningún magistrado va a dejar de investigar quiénes daban las órdenes o eventualmente por qué daban carta blanca a estas operaciones. Un tercer elemento, menor si se quiere, es que los espías ante un juez o un fiscal pueden argumentar motivos tales como que las farmacias, droguerías o jugueterías son pantallas para infiltrarse en las redes de narcotraficantes. En tal sentido, nadie puede saber si Pedro Viale (el Lauchón) cumplía una tarea dentro de una banda narco o hacía un negocio por su cuenta. Lo cierto es que al Lauchón, en vez de detenerlo, el grupo Halcón de la Bonaerense lo acribilló hace dos años. El juez Juan Manuel Cullota, que seguía a esa banda, había ordenado intervenciones telefónicas y quedaron grabadas conversaciones de Viale con el jefe de la banda. Cullota pidió la detención de Viale, no que lo mataran. El Lauchón, dicen, era muy cercano a Stiuso. Sin embargo, antes que la afinidad personal, era un funcionario del Gobierno. Si no, parece que los espías de calle y los de escritorio que tiene la Secretaría de Inteligencia son potenciales bandidos. Se supone que en tres décadas de democracia, cada gobierno debe mantener en secreto estas actividades, pero eso no justifica que estén descontroladas. Lo que denuncia Parrilli lleva a pensar que lo de pinchar teléfonos sin permiso a políticos opositores –o propios– es un juego de chicos al lado de hacer contrabando o estar asociados al narco. Todo indica que habrá una ley nueva con agentes viejos, muchos de los cuales podrían formar parte de estas redes. Y es ingenuo pensar que un espía se forma de un día para el otro. Por otra parte, el Gobierno puso mucho celo hasta hace un par de semanas en decir que las actividades de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia debía mantener en reserva sus actividades. Nadie pondría en cuestión que hay información sensible que no debe trascender. Pero sus propios miembros reconocen que prácticamente no se reunieron. Y jamás se supo que hayan vetado alguna de las actividades de los espías. La rueda de prensa de Parrilli rompe con el silencio en esta materia sin que los periodistas puedan obtener información clasificada. Es decir, se le da al público lo poco que las propias autoridades quieran filtrar. Deberían tener presente que el efecto de los rumores o de informaciones parciales crea temor en un asunto muy sensible como el narcotráfico.

La batalla judicial. Es probable que al momento de ser publicadas estas líneas, Sandra Arroyo Salgado, en su carácter de querellante, haya presentado algunas de las pericias que la llevan a fortalecer la hipótesis del homicidio en cambio de la carátula actual (“muerte dudosa”). Las recientes declaraciones de la fiscal Viviana Fein alientan la confusión. A más de un mes de la muerte de Nisman dice que no hay ninguna pista cierta y que todavía falta conocer el contenido de las computadoras y los teléfonos del fiscal. Es extraño que tampoco estén los datos de las cámaras de seguridad del edificio, en manos de una empresa de un militar retirado al que no pocos vinculan a un sector de la ex Secretaría de Inteligencia, hoy Agencia Federal de Inteligencia. No tiene lógica que la muerte que creó semejante conmoción no pueda estar acompañada de celeridad en las pericias. Si faltaba un ingrediente para mostrar el oscuro panorama fue que Fein contestó al diario La Nación que ella no puede saber qué pasó entre las 22.30 del domingo 17 de enero y la 1.20 del lunes 18 cuando ella llegó. “No puedo asegurar que la escena fuera la misma”, declaró Fein.

Estas afirmaciones avalan la idea de Arroyo Salgado de plantear que el expediente pase a la Justicia Federal. En esta causa de tanta exposición mediática, juegan no sólo las pericias sino un alto grado de politización. Cabe recordar que Arroyo Salgado llegó al juzgado de San Isidro en el momento más álgido de la causa por la identidad de Marcela y Felipe Noble. Ella llegó por ser la esposa de Nisman, también apoyada por Stiuso, en un momento donde claramente los agentes de Inteligencia tallaban en esta historia. Quedará por saber si Stiuso y compañía creían en que Felipe y Marcela eran hijos de desaparecidos o simplemente alentaron una versión que era funcional a la pelea que el Gobierno daba contra todas las zonas oscuras del Grupo Clarín. La jueza ordenó en diciembre de 2010 que se tomara una muestra de sangre de ambos por vía compulsiva. Era, por entonces, una enemiga de Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble. Ahora, en un escenario tan cambiante, Arroyo Salgado es una aliada –quizá más allá de su propia voluntad– del Grupo Clarín. Todo aquello que mantenga la idea de que a Nisman lo mataron grupos descontrolados cercanos al Gobierno o algún comando iraní es muy funcional a los intereses de Clarín, que logró ponerse en el centro de la escena con sus buenos vínculos con un grupo importante de jueces y fiscales.

En el oficialismo circula una idea que quizá sea cierta o no. Creen que el Grupo Clarín alentará en los próximos 60 días las causas judiciales contra el Gobierno, especialmente la de Hotesur, que está en manos de Claudio Bonadío, con el objetivo de que Máximo Kirchner tenga que ir a los tribunales y que la idea de Héctor Magnetto es que el hijo de la Presidenta quede preso. Esta idea –descabellada en el sentido de que la causa Hotesur no cuenta con elementos para pensar en una prisión preventiva– surge de los artículos de los principales editorialistas del Grupo Clarín. Sin embargo, hay una buena cantidad de expedientes abiertos que tocan de lleno a funcionarios de primera línea. La pregunta, una vez más, es si las distintas causas que se tramitan son un golpe o constituyen un escenario similar al que ya ocurrió en otros procesos electorales de la región sin ningún tipo de quiebre institucional. Concretamente el caso de Brasil y Petrobrás es el más elocuente. El oficialismo no puede hacer otra cosa que mantenerse en los mecanismos constitucionales, más allá de que algunos jueces o fiscales sean opositores o que algún ministro haga declaraciones subidas de tono. No sólo porque algunos de estos magistrados eran considerados cercanos a la Casa Rosada, sino porque básicamente no hay manera de sortear los mecanismos institucionales. La idea de rodear a la Presidenta para defenderla de los embates es bien recibida por un sector importante de los votantes K pero, al mismo tiempo, genera rechazo en buena parte de la sociedad. Mostrar tranquilidad es la mejor manera de transmitir que los funcionarios no tienen nada que ocultar y, sobre todo, que están dispuestos a rendir cuentas de sus actos. La idea extendida es que la corrupción es un mal más allá del color político. Por supuesto que muchos de los magistrados que hoy se proponen como adalides de la moralidad tienen páginas negras en su historia. En todo caso, serviría para recusar a tal o cual juez o fiscal, pero nunca para desentenderse de la materia a litigar. Así como estuvo ausente la idea de declarar duelo o de darle las condolencias a la familia de Nisman, está ausente en el Gobierno una iniciativa que muestre una vocación por la transparencia institucional y por mejorar los órganos de control. El caso de Parrilli denunciando a funcionarios del espionaje está ligado a un interés político y no a dar cuentas de la responsabilidad de gestión. Los logros, importantísimos, en inclusión social o derechos humanos, no son un escudo para eludir otros temas. Es más, se corre el riesgo de que se bastardeen esas conquistas a los ojos de parte de la sociedad. Y tampoco es que los opositores sean mejores. Pero la responsabilidad de gestión no es una materia especulativa de si fulano o mengano lo haría mejor o peor. Se trata de ir a los hechos y a las leyes. Al respecto, el intento de desacreditar al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por parte de algunos legisladores oficialistas, es muy negativo en un terreno en el que Néstor Kirchner fue un ejemplo: cumplió con todos los mecanismos institucionales para modificar la composición del máximo tribunal de Justicia argentino. A diez años de aquello es mejor valorar el avance que entrar en una interna que amenace con crear confusión sobre lo que es democrático y lo que no lo es. Ya está lanzado el año electoral, pero es importante que el Parlamento inicie bien sus sesiones ordinarias, que los chicos puedan ir a clase y que los docentes cobren salarios correctos, que las paritarias sean un ejemplo de negociación y que los argentinos vivamos con la diversidad sin crear monstruos de aquellos que no siguen al pie de la letra los designios de quienes tienen posiciones de poder, tanto en lo económico como en lo político.