Abrir el paraguas

Tan estruendosa como el silencio, tan acongojada como cargada de la bronca que acumula un sector de la sociedad en un país con una tradición donde la virtud es ser parte de algo y que del todo se encarguen los otros. La sobriedad de las pocas banderas de “Justicia” a secas fue acompañada de otras también sobrias pancartas que decían “Memoria, Verdad y Justicia”, como si fueran una invitación esperanzada a un diálogo entre las contundentes marchas de los 24 de marzo y este fenómeno, nuevo, de hacer tronar la diversidad de pertenencias y no el escarmiento. La cobertura televisiva abarcó desde el canal público hasta el poderoso multimedio Clarín. Nadie salió de la compostura, ni desde las calles ni desde los micrófonos.

Si algunos creían que 2015 es el año de los expertos en marketing político, el miércoles pasado fue una muestra clara de que la política circula por múltiples senderos y se realimenta cada vez que el pueblo, o una parte de él, se expresa de modo colectivo. Quedan atrás ahora los análisis, válidos, de cómo el oficialismo podía tirar puentes para distender la jornada con mensajes de condolencias hacia la familia de Alberto Nisman o cómo algunos referentes políticos y mediáticos de la oposición podían dejar de alimentar la hipótesis del homicidio para fogonear la marcha.

Pasado el homenaje al fiscal, lo más estimulante, resulta descifrar los silencios y tratar de entender dos cosas. La primera es cómo serán los comportamientos de esta enorme marea humana que parece ser algo más que una expresión del antiperonismo en el siglo XXI y que no se manifestó como la base de sustentación de un golpe de Estado. Algunos analistas recordaron la marcha de Corpus Christi de junio de 1955, en las vísperas del violentísimo derrocamiento de Juan Perón, con la idea de alimentar la hipótesis de que el 18F era una expresión destituyente y que ponía en riesgo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La realidad es que quienes llevaron carteles para agraviar a la Presidenta fueron controlados por otros participantes. Una muestra clara de que hay, en esa base social opositora al Gobierno, un reclamo de salir de la lógica binaria de amigos o enemigos. En segundo lugar, esta marcha es una invitación a la amplia base de sustentación del Gobierno en el sentido de que el kirchnerismo pueda levantar banderas de valor universal en sus próximas marchas masivas. Es decir, asentar su estrecho vínculo a la lucha contra los crímenes de lesa humanidad y a las potentes políticas de inclusión social que vencieron las viejas políticas clientelares.

Si hubiera que graficar dos escenas del miércoles pasado, una sería el bajo perfil mediático de los precandidatos opositores en la marcha mientras que la otra es la foto de Cristina con Daniel Scioli al terminar el acto en Atucha II. Allí, la Presidenta dijo, entre otras cosas, que en estos años no mandó el poder económico en la Argentina y que las decisiones se tomaron desde el poder político. Es, a todas luces, una virtud del kirchnerismo que no puede limitarse al enunciado ni tampoco alcanza con esgrimirlo como una consigna. Lo que en estos últimos meses queda a la vista es la relación oscura entre distintos sectores a los cuales el kirchnerismo suele llamar corporaciones para desacreditarlos: la corporación de inteligencia con la corporación judicial. La pregunta que se hace buena parte de la sociedad –y no sólo los que fueron a la marcha– es si la política no tiene también rasgos corporativos. La capilaridad entre factores de poder es tan grande que resulta necesario pensar en cambios o reformas integrales. El gran problema es que para esas reformas se precisa una voluntad política de sectores diversos capaces de crear mayorías que exceden las parcialidades tanto de partidos políticos como de los poderes constitucionales.

Clases, buitres y Boudou. Así como el 18F fue un test importante para los unos y los otros, falta apenas una semana para otro examen significativo: el domingo próximo la Presidenta dejará inauguradas las sesiones ordinarias. Importará mucho el tono de Cristina tras este momento inusual de serenidad de la escena política. Pero nunca la forma alcanza a tapar el fondo. Al día siguiente, lunes 2, deberían empezar las clases en todos los distritos y ése es un flanco sensible. Como todos los años, se demoró el diálogo tanto en las provincias como en la paritaria nacional. Quedan apenas cinco días hábiles para el inicio de clases y el viernes 27 es el congreso nacional de la Ctera al cual concurrirán los delegados de todas las provincias. La representación nacional del gremio docente ya entregó el pliego de demandas al Ministerio de Educación de la Nación. Reclama un 38,6%. Este número está tomado al aumento de los jubilados, calculado por la ley de movilidad provisional y que sumará los aumentos de septiembre de 2014 con el que los trabajadores pasivos recibirán en marzo próximo. Ctera además pone el acento en la necesidad de reformar las escalas de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias que sin duda afectará no sólo a muchos más trabajadores de la educación, sino al resto de los gremios que discutan paritarias en los próximos meses. En la provincia de Buenos Aires, donde está el 40% de la matrícula educativa y de los docentes, hay diálogo desde enero, pero todavía hay incertidumbre. El jueves pasado, en la reunión de la paritaria nacional, el Ministerio de Educación de la Nación ofreció un magro 22%, incluso dos puntos por debajo de la cuestionada cifra del Indec sobre la inflación de 2014. Los gremios docentes evitan hablar de conflicto y de huelgas, pero las experiencias de los últimos años están presentes.

A su vez, la Argentina reclamó ante el juzgado de Thomas Griesa que el lunes 2 venza el plazo para que los tenedores de títulos en default presenten sus reclamos en el tribunal y quienes no lo hagan en fecha queden fuera de la eventual negociación pendiente. Para el martes 3, Griesa fijó una audiencia, la primera tras el vencimiento de la cláusula RUFO, donde concurrirá una docena de fondos especulativos que se sumaron a NML Capital y Aurelius. Los abogados de la Argentina seguramente estarán en la reunión, pero es difícil pensar en una negociación rápida, a pesar de que no está la espada de Damocles que era la RUFO. El monto que significa la deuda de quienes no entraron en los canjes de 2005 y 2010 es de algo más de 8.000 mil millones de dólares. El cálculo de los intereses es más complicado y podría elevar la deuda a un total que vaya entre 15 mil y 24 mil millones de dólares. El gobierno argentino ya advirtió que no está dispuesto a someterse y, a la vez, se trata de una magnitud de dinero inaccesible para las reservas del país. Basta pensar que los vencimientos de deuda –reestructurada– de 2015 entre capital e intereses suman 13 mil millones. La Argentina, con la ley de pago soberano, depositará en Nación Fideicomisos los montos de estos compromisos, más allá de quiénes acepten o no cambiar el domicilio de pago. Es decir, el frente externo implica compromisos de pago inevitables –los 13 mil millones– y un escenario de continuación del diálogo con los fondos buitre.

El Gobierno deberá maniobrar estos dos frentes –paritarias y negociaciones en el juzgado de Griesa– sin que se vislumbren puentes con la oposición. El panorama económico muestra algunas variables tranquilas –dólar retrasado pero estable, baja del blue, pocas reservas pero sin tendencia a la baja, buenas expectativas bursátiles– mientras que otros frentes muestran tensiones, básicamente saldo comercial cero o negativo y el riesgo de que las negociaciones salariales empujen a los precios en los próximos meses. Si bien el peso de los temas conflictivos recae sobre los hombros de Cristina, quienes aspiran a ocupar su lugar dentro de pocos meses deberían asumir que existe una delgada línea que separa esta gestión de la próxima.

Con fecha 19 de febrero, un día después de la marcha, se conoció el durísimo fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña en la causa “Amado Boudou y otros sobre procesamiento y embargo” que confirma “el procesamiento sin prisión preventiva” del vicepresidente “como autor del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con el de negociaciones incompatibles con la función pública (artículos 256 y 265 del Código Penal)”. La misma suerte corrieron otras cinco personas, entre ellas su amigo y socio José María Núñez Carmona y Alejandro Vanderbroele, quien según el tribunal fungió como la cara visible de la sociedad por la cual Boudou se habría quedado con el 70% de Ciccone Calcográfica. El fallo tiene 81 páginas y lleva la firma de Jorge Ballestero –presidente del tribunal–, de Eduardo Freiler y de Eduardo Farah, quien estuvo “en disidencia parcial”. Quienes siguen los temas tribunalicios aseguran que esta sala no puede ser catalogada como “opositora”. No bien se conoció el fallo, el fiscal Jorge Di Lello, que llevó la acusación, en diálogo con Radio Vorterix, fue muy duro: “Si es el vicepresidente y cometió delito, lo más sano es que no sea más vicepresidente. Si es el vicepresidente y no cometió delito, ayudaría a terminar con el manoseo”. Di Lello fue de los fiscales que no fue a la marcha, no sólo por ser fiscal electoral sino porque sostuvo que quienes tienen que hacer justicia no tienen que salir a la calle a reclamar justicia. Esta sentencia muestra dos cosas. La primera es que tras la marcha, los procesos contra funcionarios del Gobierno van a acelerarse. La segunda es que las causas por supuestos delitos de corrupción no sólo son impulsadas por magistrados que puedan ser furiosamente opositores al Gobierno.

Nisman, ¿suicidio o asesinato? La muerte del fiscal, más allá de la saturación mediática, es el vértice de varios asuntos públicos de primera magnitud. Las pericias toxicológicas indicaron que el cuerpo del fiscal tenía baja dosis de alcohol y psicofármacos, lo cual abona la hipótesis del suicidio. Sin embargo, son muchas las personas que siguen de cerca la investigación que se inclinan por la teoría del homicidio. Sin duda, entre una y otra, hay un abismo de distancia. No ayuda en nada que existan tantas sospechas de que la escena no fue cuidada. Quedó un enorme vacío respecto de por qué resultaron tan ineptos los agentes que estaban a cargo de la custodia el fin de semana del 16 y el 17 de enero. Tampoco se supo si las nuevas autoridades de la Secretaría de Inteligencia o del Ministerio de Seguridad tomaron –o no– recaudos para cuidar la vida de Nisman. A las desprolijidades y falta de información, se suman todas las novelas que giran alrededor del papel de los espías en esta historia. Finalmente, como era de prever, la testimonial a Antonio Stiuso no aporta nada nuevo. Él mismo dijo que el teléfono a quien Nisman había llamado en la tarde del sábado 16 había quedado en manos de otro agente. Stiuso, tras declarar como testigo, fue autorizado a viajar fuera del país. Esto es, salvo que aparezca alguna pericia que dé un giro copernicano a la investigación, a un mes, sigue vigente la idea de que no intervino una tercera persona en esta muerte. Sin embargo, muchos referentes del ámbito de la política y el mundo de la investigación criminal, dicen por lo bajo o en voz alta que fue un crimen.

Otra arista importante es que el juez Daniel Rafecas ya está en su juzgado y decidirá si le da o no lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita. También puede decidir dar lugar parcialmente a los pedidos del fiscal. Y éste, a su vez, puede apelar al tribunal de alzada, en caso de no sentirse plenamente conforme con la decisión de Rafecas. Con el clima que dejó la marcha, es difícil pensar en que el legado de Nisman duerma el sueño de los justos. En ese sentido, hubiera sido interesante la comparencia de Pollicita en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, tal como le solicitó el oficialismo. Sin embargo, el fiscal desistió de ir y en consecuencia la sociedad no podrá escuchar dónde se asienta esta teoría absurda que es el centro de la acusación de Nisman en el sentido de que el Memorando con Irán fue una maniobra para dar impunidad a los imputados de origen iraní.

Sin perjuicio de la investigación criminal, parece imposible entender esta polémica al margen del clima y de los intereses de sectores poderosos. Estados Unidos, por un lado, organizó el jueves pasado la llamada Cumbre contra el Terrorismo Violento en la Casa Blanca y que pone de relieve la cantidad de focos de tensión existente. Sin perjuicio de esa puesta en escena, los republicanos aliados con la industria bélica y el presidente israelí Benjamín Netanyahu, se oponen a los diálogos sobre el tema nuclear que tienen como interlocutores, por un lado, a Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China, Francia y Alemania, y, por el otro, a Irán. Quien lidera ese proceso de diálogo es Barack Obama y tiene como interlocutor a Hasan Rohani, presidente de Irán. Esta distensión de la primera potencia del mundo con Irán es una versión muy distinta de aquella en la que Estados Unidos ponía a ese país como parte del eje del mal al tiempo que el presidente anterior, Mahmoud Ahmadinejad, negador de la Shoa. Alguien debería explicar por qué el gobierno argentino decidió firmar el memorando con Irán con un Ahmadinejad en el final de su gobierno, febrero de 2013, apenas tres meses antes de las elecciones que consagraran a Rohani, quien buscaba distender el conflicto con Estados Unidos. La política internacional tiene seguramente muchas pistas para tratar de entender por qué tanta efervescencia a la hora de la pista iraní y tan poca decisión de indagar a fondo la escena concreta de la calle Pasteur aquel 18 de julio de 1994. La buena noticia es que a mediados de este año comenzará el juicio por el encubrimiento, donde saldrán a luz muchas de las cosas que algunos jueces, algunos espías, algunos fiscales y algunos gobernantes desviaron de la mano de su propia incapacidad y de la dependencia de los intereses de dos países poderosos, Estados Unidos e Israel.