2015-01-23

Defensora del Pueblo pide informes por transporte en la Región Sur

El otorgamiento y posterior retiro del permiso a dos empresas para unir Bariloche y Viedma por la Ruta 23, provocó la intervención de la Defensora.

La marcha atrás del Gobierno provincial en relación a la firma de un convenio con dos empresas para la explotación de la línea de transporte de pasajeros por la ruta 23, sigue generando polémica.

A raíz de las denuncias realizadas por una de esas empresas -Algarrobal Turismo-, la Defensora del Pueblo de la Provincia, Nadina Díaz, pidió informes sobre el estado de los servicios que comunican las ciudades de la Región Sur con Bariloche y Viedma.

A mediados de mes, el gobierno anunció que dos empresas reemplazarían a Tres de Mayo, "pero esta semana una de ellas planteó que existen maniobras para perjudicarla", se indicó desde la Defensoría.

Ante una situación confusa -ver notas aparte- "que afecta un derecho esencial de los pobladores de la región", la Defensora resolvió actuar de oficio y solicitó a la Subsecretaría de Transporte de Río Negro detalles sobre el proceso de concesión.

En ese marco, "pidió conocer los antecedentes y alcances de la autorización, permiso provisorio o acta acuerdo firmada con las empresas Algarrobal de Ayala Hnos. y Patagonia Land". Además, solicitó saber "si el acuerdo se encuentra vigente o los motivos que fundaron su finalización, tal como se desprende de la información oficial difundida".

"Uno de los puntos más preocupantes para la defensora Nadina Díaz es garantizar el servicio para los vecinos, mientras se solucionan las cuestiones administrativas", se indicó a través de una gacetilla de prensa.

Al respecto, requirió que se le informe qué empresa o empresas se encuentran a cargo de la prestación en la actualidad, sus tarifas, frecuencias y modalidad o régimen contractual bajo la cual operan.

"La situación del transporte es una preocupación constante de este organismo. De los antecedentes analizados surgen cuestiones que se encuentran bajo nuestra órbita de actuación y que ameritan nuestra intervención a efectos de conocer si está garantizada la prestación del servicio para los usuarios, además de ponernos al tanto del eventual trámite de licitación y adjudicación del mismo", expresó la Defensora.

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