2014-11-13

Nacionalizan reclamo de “estafados” del barrio San Juan

Una referente del Foro por la Tierra y la Vivienda en Río Negro, estuvo en Bariloche en defensa de los vecinos damnificados por la presunta estafa de Kopprio, y confió que nacionalizó el reclamo. “No puede haber un terrateniente como González Lera, dueño de la mitad de Bariloche, mientras vecinos no tienen dónde vivir”, dijo.

Los vecinos perjudicados por la presunta estafa del proyecto habitacional del barrio San Juan “no están solos”, definió en diálogo con ANB, una referente del Foro por la Tierra y la Vivienda en Río Negro, Lila Calderón.

La activista nacionalizó el reclamo de tierras y viviendas de los vecinos damnificados por el sindicalista de UPCN, Juan Kopprio, hoy procesado y detenido en el Penal III de Bariloche.

Calderón llevó la problemática de los vecinos barilochenses del barrio San Juan a la recientemente creada Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, dedicada a la urbanización de barrios informales.

En ese sentido, Calderón subrayó que “en el caso de este asentamiento, la problemática se extiende a la violencia del propietario, que no respeta los derechos básicos, quemando las casillas e intimidando a los vecinos”, infirió, en consonancia con las denuncias de los vecinos, en contra del dueño de los lotes, Germán González Lera. Lo cierto es que hasta el momento, por lo menos tres casillas fueron derribadas o quemadas en el asentamiento del barrio San Juan, aunque la Justicia ni las investigaciones pudo determinar la responsabilidad en los hechos.

En el lugar -ubicado sobre calle Esandi, en el este de la ciudad-, los perjudicados por la estafa que investiga la Justicia y tiene como principal imputado al ex delegado de UPCN, Juan Kopprio, instalaron sus precarias viviendas, reclamando se reconozca su derecho a habitar la tierra por la que pagaron. Sobre esa ocupación, pesa una orden de desalojo, promovida por el propietario original de los lotes.

En tanto, Calderón aseveró que “la gente del barrio San Juan tiene apoyo incondicional de organizaciones a nivel provincial y nacional”. Incluso, detalló que “estamos analizando tomar la Casa de la Provincia de Río Negro y repudiar lo que está sucediendo, debido a que ni el Municipio, ni el Concejo Deliberante, ni las autoridades Provinciales, o legisladores, toman cartas en el asunto”, advirtió.

Y consideró que el actual contexto del conflicto, que incluye “un alto nivel de represión y violencia”, puede “cobrarse una vida”.

En una misma línea de argumentos, Calderón criticó que la Justicia “está defendiendo los intereses de la propiedad privada. Siempre, tanto en la Justicia Civil como penal, prevalece la propiedad privada”, pero “existe una Ley suprema, la Constitución, que en su artículo 14 bis, otorga a cada ciudadano, el derecho a una vivienda digna”.

En ese sentido, criticó: “No puede haber un terrateniente como González Lera (propietario de las tierras del denominado barrio San Juan), dueño de la mitad de Bariloche, mientras vecinos no tienen dónde vivir”.

Y recalcó que en caso de los vecinos del barrio San Juan, “ellos pagaron sus terrenos, y cumplieron con todas las pautas. Tienen todo el derecho de hacer posesión de las tierras. Y si la Justicia y el Estado se lo impiden, están consolidando una gran estafa en Bariloche”, esgrimió.

Por otra parte, Calderón anticipó a ANB que el próximo 13 de diciembre, el Foro provincial por la Tierra y la Vivienda, “cerrará su debate en Bariloche, con una jornada de lucha", a la que asistirán integrantes de organizaciones de todo el país: compañeros de la Corriente Villera y los Quom del Chaco.

En total y hasta el momento, el mencionado Foro, llevó a Nación, 60 casos de barrios irregulares en todo Río Negro. “Y el barrio San Juan ya tiene su expediente”, detalló la activista por el derecho a la tierra y la vivienda.

También indicó que llevará el reclamo a una reunión que mantendrá con el Gobernador de Río Negro, y este lunes, los vecinos del barrio San Juan tendrán un encuentro con el presidente del Concejo Deliberante, Ramón Chiocconi.

Sobre las responsabilidades políticas en la presunta estafa y la conflictiva situación actual de los vecinos, Calderón selló: “Este no es un problema entre privados, es un problema político. Y por eso el Estado debe hacerse cargo”, concluyó. (ANB)

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