No mejora la recaudación, y la economía municipal comienza a mostrar debilidades

Las finanzas municipales ya no son lo que eran. O por lo menos lo que el Ejecutivo municipal se empeñó en mostrar durante el último año y medio. La mejora sustancial en relación a la debacle financiera de la gestión Goye no permitió sanear de fondo la economía del Estado local; el impacto de la devaluación -que disparó los costos de proveedores y obra pública- y el crecimiento sostenido de la masa salarial -por aumentos acordados en paritaria y la continuidad de ingresos a la planta de contratados-, provoca un desequilibrio que debe ser salvado con riesgosas operaciones: manotazos a fondos de cuentas con "destino específico" -obras públicas y planes sociales-; mayor uso de descubierto bancario; y reestructuraciones presupuestarias.

La utilización de recursos de cuentas abiertas con la exclusiva finalidad de financiar obras públicas y programas sociales, se extendió durante los últimos meses. Según información a la que accedió ANB, fondos para la construcción de las 451 viviendas, el plan Techo Digno, el Fondo Sojero, y el programa Argentina Trabaja, fueron utilizados en los últimos meses para el pago de sueldos de los trabajadores municipales. La masa salarial, que insume unos 28 millones de pesos al mes, debió ser cubierta con recursos ajenos a los ingresos corrientes -recaudación más coparticipación-.

El monto global de fondos con destino específico utilizados para el pago de compromisos corrientes, alcanzaría los 30 millones de pesos. La cifra no fue desmentida por el Secretario de Hacienda, Guillermo Pérez Gallinger, quien en diálogo con ANB prefirió no aportar el dato preciso sobre uso de recursos de esas cuentas. El funcionario, en cambio, aseguró que "no es preocupante" ese mecanismo financiero, ya que, dijo, "la mayoría de los fondos fueron repuestos".

"No hay nada fuera de la normativa", señaló y recordó que el plazo para la devolución de esos recursos es el cierre del ejercicio, al 31 de diciembre, o bien cuando se los requiera para el destino por el que fueron enviados por Nación o Provincia. Sin embargo, en el caso de los recursos del Fondo Sojero, explícitamente la legislación nacional que creó ese mecanismo impide su uso para cubrir gastos corrientes.

En cambio, el titular de Hacienda consideró "preocupante" el bajo nivel de recaudación por la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), que si bien está por encima aproximadamente un 40 por ciento de lo ingresado a esta altura del año en 2013, no alcanza la expectativa plasmada en el Presupuesto 2014. Pérez Gallinger interpretó que durante la segunda mitad del año se verá reflejado el impacto de los cambios realizados a la normativa, así como el proceso económico devaluación-inflación, que potenció el nivel de facturación. Esos datos se reflejarían tanto en la base de contribuyentes, como en los montos a aplicar a cada uno de ellos.

ANB: ¿Si los resultados con la TISH no son los esperados, sí puede tornarse preocupante la situación con el uso de fondo específicos y la toma de descubierto bancario por sobre lo autorizado?

Pérez Gallinger: La TISH es un tema relevante -se limitó a responder el funcionario-.

Para poder pagar los sueldos de junio, el Gobierno de María Eugenia Martini debió recurrir a un descubierto bancario de 10,5 millones de pesos, cuando lo autorizado por el Régimen de Contabilidad es el equivalente al 1 por ciento del Presupuesto vigente, es decir en este caso, de 8,2 millones de pesos.

De esta forma, el Ejecutivo volvió a recurrir a esta herramienta, necesitado de recursos para afrontar la cancelación de los haberes, tal como lo viene haciendo desde enero pasado. Sin embargo, desde el Centro Cívico se indicó a ANB que la gestión Martini no analiza, "por el momento", solicitar autorización del Concejo para ampliar la autorización del descubierto mensual.

Otro dato que revela las dificultades del actual panorama financiero del Estado local, es la cantidad de reestructuraciones presupuestarias que debió realizar la secretaría de Hacienda: suman ya más de 100 y por un monto aproximado de 50 millones de pesos.

La situación de fragilidad financiera fue advertida por el Tribunal de Contralor, que días atrás solicitó un detallado informe técnico al titular de Hacienda. También por el gremio SOYEM, que este lunes llevó su preocupación al Concejo, donde se reunió con los ediles de la Comisión de Economía. (ANB)