"La delincuencia no se combate con más muros"
¿Cambio de paradigma o mentira permanente?
Al momento de asumir este gobierno, nos hemos encontrado con un discurso de inclusión, respetuosos de los derechos humanos, y se planteaba trabajar en pos de la inclusión social. Hoy, nos vemos en la necesidad de remarcar el cambio de paradigma que existe, como cada uno de estos discursos de ha visto desvirtuado, convirtiéndose en una política clara de persecución y de exclusión social.
Nos encontramos con que no existen políticas claras de prevención del delito, de recuperación de derechos de los sectores más vulnerados. Hoy sólo se intenta, sacarse el problema de encima encerrándolo en muros sin posibilidades de reinserción social.
Consideramos que la delincuencia no se combate con más muros, sino no con políticas de inclusión, y sobre todo con una gestión y control de la conflictividad.
No nos parece propicio el quitarle derechos fundamentales a los trabajadores del servicio penitenciario, como ser el derecho a afiliarse. No deben cambiarse las leyes, deben respetarse las existentes. Como ya lo hemos dicho innumerable cantidad de veces todo el servicio penitenciario debe estar a cargo de civiles, no de personal policial, y los establecimientos penales no son la excepción.
Las fuerzas de seguridad con su autogobierno, su formación militarizada, su carácter corporativo, los altos niveles de corrupción, la falta de profesionalización, han generado ineficiencia en la prevención y persecución del delito y la desconfianza de los miembros de la comunidad en la institución policial, y se ha desvirtuado totalmente el fin de los Establecimientos Penales
Se da por probado que la mano dura es la solución a los males de la sociedad, incluso este discurso crea un clima propicio para los linchamientos. Hemos visto aplicar esta receta demasiadas veces desde el año 2000 y siempre ha fracasado. Nunca ha sido la solución a los problemas de inseguridad el aumento del poder de la policía, el incremento de las penas y el encierro masivo.
Constantemente se pone el eje de la discusión sobre el rol de la ciudadanía en la toma de decisiones, pero no en la ineficacia por parte del gobierno para dar respuestas eficaces a la sociedad.
En un estado de derecho, las políticas públicas se ejercen con compromiso y convicción, no se hacen con discursos vacíos y levantando muros que acentúan la marginalidad y la exclusión social.
Las deudas pendientes de nuestra sociedad son la democratización de las fuerzas policiales, del servicio penitenciario, de la justicia y alcanzar la igualdad y la no discriminación.
Solicitamos una vez más que se aplique el modelo de seguridad democrática, en el cual el Estado es democrático, social y de derecho, siendo su objetivo la protección integral de los derechos humanos.