Especulación política traba aprobación del convenio regulador de Valle Azul

Entretelones políticos y un cruce de intereses impiden, desde hace más de un año, que sea regulado el convenio firmado entre el Municipio y el Proyecto Valle Azul por la venta lotes fiscales con fines sociales. Cuando promediaba el año 2013, el Ejecutivo y el emprendimiento urbanístico (con el sello de la Mutual Germán Abdala) firmaron un convenio que reglaba la forma de pago (mora e intereses) con la que Valle Azul debía cumplir, para la compra de 45 hectáreas fiscales. Ese acuerdo, incluso establece que de adeudar dos cuotas consecutivas, el convenio quedaría fuera de vigencia.

Luego de ser rubricado por ambas partes, fue remitido al Concejo, cuyo aval por votación de una mayoría especial (8 votos) era requerido por normativa para ponerlo en vigencia. El convenio permanece detenido en su tratamiento legislativo desde hace más de un año. Ningún edil de los diversos bloques motorizó su aprobación en ese lapso, y todo apunta a intereses políticos no aclarados. "No hay voluntad política de tratarlo", confiaron fuentes del Centro Cívico a ANB, que cargaron contra oficialistas y oposición por la dilación en una definición, ante la irregularidad que configura que Valle Azul pague su deuda al Estado Municipal "a piacere".

El referente de Valle Azul, concejal Mauro González (PVC), no bregó durante este año por la aprobación del convenio, y tampoco el resto de los ediles oficialistas, pertenecientes a la bancada del Frente para la Victoria. De hecho, el convenio recayó en la Comisión de Gobierno y Legales, presidida por el edil Alejandro Ramos Mejía (FpV), de donde, hasta hoy, no salió.

La lectura de quienes avalan la teoría de los objetivos políticos detrás de la dilación en la aprobación del convenio, está convalidada por el voto "prenda" utraoficialista de Mauro González durante este año –a todo proyecto del Ejecutivo-, y su silencio, ante la falta de tratamiento legislativo al convenio para darle validez al acuerdo. La aprobación del acuerdo implicaría formalizar la obligación de pago por parte de Valle Azul, y el oficialismo podría perder el voto estratégico de González.

Lo cierto es que ni oficialistas ni opositores –y tampoco el Ejecutivo que nunca instó al Concejo a acelerar los tiempos de sanción-, plantearon una justificación clara para la dilación y sobrevuela la cuestión política en el marco de un acuerdo que prevé la solución habitacional para más de 600 familias. Incluso en reunión de Comisión Legislativa, algunos ediles admitieron que se definió posponer el tratamiento del convenio hasta después de las elecciones a Intendente de septiembre de 2013.

En ese contexto, hoy el convenio en cuestión deberá ser modificado –monto final a pagar y forma de pago, entre otros puntos-, luego que -tal como anticipó ANB- Valle Azul devuelva tierras al Municipio, ante la certeza de que no podrá pagarlas. Con esa renegociación, los incumplimientos del emprendimimento, se relativizan.

En rigor, el acuerdo entre el Municipio y Valle Azul, también fijaba la forma de cancelación: 60 cuotas mensuales y consecutivas de 134.578,91 pesos. Y el vencimiento de los desembolsos, el 15 de cada mes. La primera cuota debía abonarse en mayo de 2013.

"Dado el fin social de la venta cuya propuesta de pago aquí se formaliza, recordándose que el objetivo de la misma es permitir el acceso real de sectores populares a una vivienda mediante un costo razonable, las partes han aplicado para el cálculo de la cuota un interés equivalente al 12 por ciento anual sobre los saldos, calculado mediante sistema francés de amortización", se definió en el convenio. La Ordenanza, en su artículo 4, fijó la venta en 6.050.000 y autorizó al Ejecutivo municipal a convenir la metodología de pago", figura en el convenio rubricado por las partes.

Mientras Valle Azul y el Municipio avanzan en la modificación del convenio que el emprendimiento no pudo cumplir -y no tuvo la obligación legal de hacerlo por falta de aval legislativo al convenio-, la Mutual Germán Abdala remitió una carta documento a la vicepresidenta del Tribunal de Contralor, Daniela Núñez, quien públicamente advirtió sobre las presuntas irregularidades derivadas de la falta de marco legal que viabilice el acuerdo.

"No es una cesión ni una donación de tierras, es una venta que hace el Estado Municipal, y que no percibió en tiempo y forma la contraprestación monetaria. Lo que estamos haciendo es resguardar el patrimonio del Estado. No es nuestra incumbencia el vínculo entre Valle Azul y sus asociados, sino el del emprendimiento con el Estado. El dinero no entró", sostuvo la letrada, quien precisó que oficialmente el Instituto de Tierras y Viviendas informó al Contralor que Valle Azul había pagado sólo dos cuotas, de las 12 que a esta altura del año debían estar saldadas. "Los pagos parciales no están establecidos en el convenio", advirtió Núñez, consultada por ANB.

Sobre el mismo eje, la abogada recordó que cuando la actual gestión del Contralor asumió, "consultamos al Banco Nación por las gestiones de Valle Azul ante el fondo Pellegrini (garante de financiamiento alegado por el emprendimiento), nos informaron que se hicieron averiguaciones pero no se constituyó el fondo. Reclamamos al Ejecutivo anterior la solución del tema y radicamos una denuncia penal contra los ex directivos del Instituto de Tierras y Viviendas".

En cuanto a lo que Núñez definió como "fantasmas políticos que la mutual ve en el accionar del Contralor", recordó que otros miembros del organismo y ediles "tuvieron apreciaciones similares, pero no les llegó una carta documento".

La acción legal iniciada por la Mutual Abdala contra la vicepresidenta del Contralor, fue motorizada luego que el cuerpo en su totalidad, remitiera al Concejo una nota en la que instaba a los ediles a regularizar la situación. El escrito, estaba fundamentado en un dictamen de la propia ex Asesora Letrada del Ejecutivo, María Peralta, quien advertía sobre las falencias jurídicas del único marco legal –la ordenanza no regulada por el convenio- que tiene la negociación entre Valle Azul y el Municipio.

Peralta había señalado que "dado el tiempo transcurrido y la obligación que pesa en cabeza del Estado municipal de posibilitar y garantizar a la mayor brevedad posible el acceso de las distintas familias que confiaron en el proyecto a las 605 soluciones habitacionales que en el mismo se preveían, se está trabajando en la reformulación de lo convenido, y evaluándose en consecuencia el retiro del proyecto 309/2013 –el convenio en cuestión- y la remisión de uno nuevo en su reemplazo". (ANB)