Comprometedoras declaraciones de Zúñiga y Goye

El tiempo de las declaraciones. El primero en aceptar el pedido del Tribunal fue Ovidio Zúñiga, quien no accedió a responder preguntas, pero hizo un resumen de lo sucedido durante su presidencia en el sanatorio sindical.

El gremialista gastronómico de Bariloche, explicó que el sindicato que representa volvió a formar parte de Arbos para intentar salvarlo. Que existía una deuda de 14 millones de pesos/dólares y "estaba todo embargado".

En esa línea, reconoció el desvío de fondos: "Para mantener el policlínico había que poner plata en una cuenta que no sea de Arbos", dijo, y agregó que "nunca hubo intención de quedarnos con un peso de algo que queríamos proteger".

Luego llegó el turno de Víctor Carcar (ex tesorero) y el dirigente mercantil Walter Cortés (ex vicepresidente), quienes se negaron a declarar.

Al llegar el turno de Goye (ex contador) aceptó declarar, pero sólo se limitó a responder las acusaciones que figuraban en la requisitoria fiscal, aunque hizo reserva de volver a hablar ante el Tribunal después de la declaración de la síndica Ana María Bessone.

El ex Jefe Comunal dijo que "no dispuso" de los fondos en cuestión, y transparentó que cobró "25 mil pesos por intervenir en la preparación del proyecto". Señaló que "los subsidios estaban disponibles" y "había que cumplir con las formalidades" por eso la conformación de dos sociedades a las que se les pagó con esos fondos. También aceptó que conformó el directorio Sur Sey S.A. que recibió poco más de 900 mil pesos del subsidio por 1.750.000, aunque el manejo era "unipersonal" y estaba a cargo de Madrazo.

"No veo imputación en concreta hacia mi persona. Yo no entre ni saqué nada como dice la requisitoria. Y cumplimos con las normas de rendición de cuentas", aseguró.

Tras la declaración de la síndico Bessone, volvió a declarar y aportó como prueba una planilla de rendición del subsidio por 1.750.000 pesos y dejó en claro que "los comprobantes fueron rendidos debidamente" ante el órgano que otorgó el subsidio, como disponen las normas.

Los primeros testimonios

Ya entrada la noche, el Tribunal convocó a los testigos. En primer turno prestó declaración la licenciada Laura Totonelli, encargada de realizar el proyecto de ampliación del edificio por el cual se solicitó el subsidio del 1,7 millones de pesos. Las preguntas de la querella y de la fiscalía se centralizaron en conocer si formó parte como gerente de la empresa Sur Sey S.A.

Reconoció haber realizado una clasificación de documentación de Arbos para Sur Sey. Y cuando le mostraron dos notas con membrete de la empresa y con una firma que decía su nombre y el cargo de gerente de capacitación, enfatizó que "no es mi firma" y que nunca ocupó ese cargo en sociedad.

Posteriormente pasó al estrado Francisca Moraga Torres, la única empleada que tenía Arbos al momento de solicitar los subsidios. Recalcó que el resto del personal había sido despedido, que el policlínico en 1999 no tenía ingresos y sólo había un proveedor de artículos de limpieza de la oficina administrativa.

Con respecto a los fondos enviados desde el Ministerio de Salud, aseguró que tomó conocimiento por un extracto del Banco Ciudad y que con ese dinero se les pagó parte de los salarios adeudados al personal despedido. Y que en su caso particular sólo cobró el 40% de la deuda "con la plata del subsidio".

Por último declaró la sindico Bessone. La fiscalía intentó dejar en claro si el Consejo Directivo de Arbos tenía poder como para solicitar subsidios pese a estar en Concurso Preventivo de Acreedores. La contadora sostuvo que si, que "los bienes los maneja el concursado" y que "de los ingresos tampoco tiene intervención el síndico".

"Hubo una denuncia de (Fernando) Vargas por l ingreso de esos fondos sin que la sindicatura tomara nota y después vimos que habían ingresos por más de dos millones y múltiples extracciones", explicó.

Luego dio detalles de que Vargas denunció por nota como acreedor, pero no pudo documentar la deuda que decía que Arbos tenía con él.

Sobre la rendición de los fondos, ratificó lo dicho en instrucción que sólo vio un libro de movimientos diario y luego reconoció ante la insistencia del abogado de Goye, que "le mostraron un borrador que decía a dónde habían ido esos fondos".

García Sánchez, abogado de Goye insistió en que si sabía que su deber como síndico es conocer que los subsidios se rinden con documentación original y que sólo quedan los asientos contables para e beneficiario, a lo que Bessone dijo que "no".

Por este último punto fue que Goye volvió a declarar y aportó como prueba la planilla de rendimiento de los subsidios.

La segunda audiencia será hoy desde las 9 de la mañana con la declaración de cinco testigos. (ANB)