Juicio Arbos podría prescribir
La causa Arbos podría caer de manera definitiva. A un mes y once días de su prescripción, el peligro de una nueva dilación amenaza el esclarecimiento de la causa por la estafa de dos millones de pesos al policlínico Arbos.
Luego de las últimas postergaciones – la última provocada por un supuesto problema de salud de uno de los procesados- hoy debería comenzar el juicio para determinar las responsabilidades de Omar Goye, Wálter Cortés, Ovidio Zúñiga, Gonzalo Madrazo, y Víctor Carcar en el supuesto desvío de 2 millones de pesos (dólares en ese momento de paridad uno a uno), ocurrido en 1999. La figura del procesamiento de Goye, Cortés, Zuñiga, Madrazo y Carcar es "estafa agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública".
Este lunes a la espera del debate, después de cinco postergaciones, el procesado Omar Goye presentó un pedido de recusación de los miembros del Tribunal Oral Federal de General Roca, integrado por los jueces Orlando Coscia, Armando Márquez y Eugenio Krom.
La solicitud deberá ser evaluada, y si hace lugar, podría haber una nueva suspensión del juicio. En ese escenario, ante la inminencia de la prescripción de la causa, el próximo 28 de abril, podría caer de manera definitiva.
Por otra parte, la defensa de uno de los procesados, Gonzalo Madrazo, quien debía declarar desde Mendoza a través de videoconferencia rechazaría esa modalidad, por lo que se sumarían más elementos para una nueva suspensión. El abogado de Madrazo alegaría que no es posible plantear una estrategia de defensa para su representado a más de mil kilómetros de distancia.
En 1999, Zúñiga presidía Arbos (Asociación Regional Bariloche de Obras Sociales), Cortés era el vicepresidente, Goye era el contador, Carcar el Tesorero, y Madrazo abogado de la entidad.
Desde entonces, y luego del comienzo del expediente, los sucesivos gobiernos municipales y provinciales mantuvieron una estrecha y oscilante relación con dirigentes como Cortés y Zúñiga: en algunos casos, apoyo desembozado por parte de los sindicalistas, acuerdos electorales, y abundaron las fotos de campaña.
El grupo gestionó un aporte del Gobierno nacional por más de 2 millones de dólares, pero el dinero, de acuerdo al auto de procesamiento emitido por el Juez Leónidas Moldes, no se destinó a la superación de la quiebra de la entidad, sino que se repartió en empresas fantasmas y tuvo un fin aún no determinado. Ampliaremos. (ANB)