Quiso vender un sommier y terminó con un préstamo a su nombre: el banco deberá responder por la estafa

Todo empezó con una publicación para vender un sommier en Neuquén. En cuestión de minutos, una mujer pasó de negociar una venta por internet a descubrir que desconocidos habían ingresado a su cuenta bancaria, solicitado un préstamo, pedido un adelanto de sueldo y transferido parte del dinero.

La maniobra llegó a la Justicia y terminó con una resolución que repartió responsabilidades: el banco deberá hacerse cargo del 70% del daño y la víctima del 30% restante.

Para la Cámara de Apelaciones, la mujer cometió un error al entregar datos de seguridad, pero la entidad financiera tampoco reaccionó ante una sucesión de movimientos que debieron resultar llamativos.

La trampa de la transferencia equivocada

El engaño comenzó luego de que la mujer publicara un sommier a la venta en una plataforma digital. Una persona se comunicó con ella como supuesto comprador y le aseguró que había cometido un error: dijo haberle transferido 150 mil pesos de más.

Poco después llegó un segundo contacto. Esta vez, un hombre se presentó como empleado del banco y le ofreció ayuda para revertir la supuesta operación.

La estrategia funcionó. Siguiendo las instrucciones que recibía por teléfono, la mujer generó un token y brindó un código de seguridad. Lo que no sabía era que esos datos estaban siendo utilizados para tomar el control de su cuenta.

Entraron a la cuenta y comenzaron a mover dinero

Con las credenciales en su poder, los estafadores lograron acceder al homebanking. Desde allí solicitaron un crédito preaprobado, gestionaron un adelanto de sueldo y posteriormente transfirieron parte del dinero hacia una cuenta de Mercado Pago.

Cuando la mujer advirtió que había caído en una estafa, reaccionó rápidamente: cambió su contraseña y realizó las denuncias ante la entidad bancaria y la Justicia.

El problema ya estaba planteado. Había dinero solicitado a su nombre y fondos que habían salido de la cuenta.

El banco se defendió: “No hubo hackeo”

En primera instancia, la responsabilidad había sido atribuida por completo al banco.

La entidad apeló y sostuvo que sus sistemas habían funcionado correctamente. Argumentó que los estafadores habían ingresado utilizando el usuario y la contraseña válidos y que las operaciones fueron confirmadas con el token generado por la propia clienta.

Además, una pericia informática no detectó hackeos, fallas técnicas ni ingresos irregulares al sistema.

Con ese escenario, el banco sostuvo que había sido la propia mujer quien, al entregar sus datos, había permitido la maniobra.

La Cámara coincidió solo en parte.

Una serie de movimientos que debió encender las alarmas

La Sala II de la Cámara de Apelaciones, integrada por Patricia Clérici y Pablo Furlotti, consideró que la conducta de la víctima efectivamente contribuyó a que la estafa pudiera concretarse.

Sin embargo, los jueces observaron algo más: en un lapso muy breve se produjo una secuencia de operaciones poco habituales.

Hubo un cambio de contraseña, la generación de un token, la solicitud inmediata de un préstamo, un adelanto salarial y luego transferencias por casi todo el dinero disponible en una cuenta sueldo.

Para el tribunal, esa cadena de movimientos debía haber activado controles adicionales.

La Cámara sostuvo que los bancos deben disponer de mecanismos que permitan detectar operaciones que se alejan del comportamiento habitual de sus clientes y, en esos casos, reforzar las verificaciones antes de autorizar movimientos de dinero importantes.

El préstamo se acreditó demasiado rápido

Otro de los puntos centrales del fallo fue la forma en la que se otorgó el crédito.

Según analizó la Cámara, las normas del Banco Central establecen que la entidad debe verificar de manera fehaciente la identidad de la persona que solicita el préstamo y comunicarle su aprobación antes de depositar los fondos.

Cuando no existe una conformidad expresa, además, se contempla un plazo antes de concretar el desembolso.

En este caso, el dinero se acreditó automáticamente.

Para los jueces, si el banco hubiera frenado momentáneamente la operación y confirmado que la solicitud realmente provenía de la titular, la estafa podría haberse evitado o, al menos, limitado.

La decisión final

Con esos elementos, la Cámara resolvió que existió una responsabilidad compartida.

La mujer deberá asumir un 30%, ya que facilitó información confidencial que permitió el acceso a su cuenta.

El banco, en cambio, cargará con el 70%, porque no implementó suficientes medidas de seguridad frente a operaciones que se apartaban claramente del movimiento habitual de la clienta.

El caso expone una modalidad de fraude que suele comenzar con situaciones cotidianas —como vender un objeto por internet— y que, a través de llamadas falsas y supuestos problemas con transferencias, puede terminar en cuestión de minutos con créditos solicitados, cuentas vaciadas y deudas a nombre de la víctima.