Le vaciaron la cuenta a una jubilada y la Justicia condenó al banco y a la empresa telefónica

Un fallo de la Cámara de Apelaciones de Viedma puso el foco en la responsabilidad que tienen tanto las empresas de telefonía como las entidades bancarias a la hora de prevenir fraudes. El caso tuvo como protagonista a una jubilada que, en octubre de 2022, vio desaparecer prácticamente todos los ahorros de su vida después de que delincuentes solicitaran un cambio de chip en otra ciudad y, con ese acceso, vaciaran su cuenta bancaria en apenas 36 minutos.

Todo comenzó el 13 de octubre de 2022, cuando la mujer advirtió que su celular solo permitía realizar llamadas de emergencia. Horas más tarde, al intentar renovar un plazo fijo que tenía constituido, descubrió con desesperación que de los casi tres millones de pesos que había acumulado, solo quedaban ocho mil. El dinero había sido sustraído mediante seis débitos inmediatos (DEBIN) y dos transferencias a cuentas de personas desconocidas.

La investigación determinó que los delincuentes habían gestionado el cambio de la tarjeta SIM desde una antena ubicada en la ciudad de Neuquén, cuando apenas una hora y media antes la línea funcionaba con normalidad en Viedma. Ese dato fue clave para demostrar que la telefónica no había verificado correctamente la identidad de quien solicitó el reemplazo del chip.

En primera instancia, el fuero Civil de Viedma había responsabilizado únicamente a la empresa de telefonía, entendiendo que el cambio fraudulento del chip fue la causa directa del perjuicio y liberando de toda culpa a la entidad financiera. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revisó el fallo y amplió la condena.

El tribunal consideró que el banco también incumplió con su deber de seguridad. Los jueces destacaron que las ocho operaciones realizadas reunían múltiples indicadores de riesgo: la generación de un nuevo token, el alta de varios destinatarios desconocidos, ocho transferencias consecutivas en apenas 36 minutos, el vaciamiento casi total de la cuenta y montos completamente incompatibles con el historial habitual de la clienta. Pese a todo ello, no se activó ningún mecanismo de alerta, bloqueo ni verificación adicional.

La sentencia recordó que las entidades financieras tienen la obligación de implementar sistemas de monitoreo basados en el perfil transaccional de cada cliente, y que esos controles existen precisamente para detectar operaciones que, aunque se realicen con credenciales válidas, resulten completamente atípicas.

Con ese criterio, la Cámara concluyó que el fraude solo pudo concretarse por la concurrencia de dos incumplimientos: por un lado, la autorización irregular del cambio de chip por parte de Telefónica Móviles Argentina; por el otro, la ausencia de controles frente a movimientos claramente inusuales por parte de Banco Patagonia.

En consecuencia, el tribunal modificó el fallo de primera instancia, dejó sin efecto la obligación de la mujer de devolver el dinero recibido por una medida cautelar y extendió la condena en forma solidaria a ambas empresas. También se confirmaron las indemnizaciones por daño emergente, pérdida de chance, daño moral y daño punitivo, reconociendo así el profundo impacto que este tipo de delitos genera en la vida de las víctimas.