Impulsan una campaña informativa sobre la reforma de la Carta Orgánica

La reforma de la Carta Orgánica es inminente y, para difundir la importancia de esta instancia, el contenido del estatuto, quiénes están encargados de llevar adelante la modificación, entre otros aspectos, el Concejo Deliberante inició una campaña de difusión en medios y redes sociales. 

La actual Carta Orgánica de Bariloche fue sancionada en 1986 y se convirtió en la primera de la Patagonia. En 2006, a los 20 años de este gran paso, se realizó la primera reforma y ahora, dos décadas después, se llevará a cabo otra revisión. 

A través de videos, audios, influencers e informes, y distintas estrategias de comunicación, el Concejo Deliberante impulsa esta campaña informativa destinada a toda la comunidad. 

Es, sin lugar a dudas, la ley suprema de Bariloche, que respeta las bases constitucionales de la provincia de Río Negro y de la Nación Argentina. Es el instrumento político y jurídico que posibilita la fijación de una serie de derechos y obligaciones, la organización de los poderes y la determinación de las atribuciones municipales. Es como una Constitución, pero sólo de una ciudad, de nuestra ciudad, en este caso.

Sin embargo, es mucho más que un conjunto de disposiciones, ya que establece pautas de convivencia, cohesión y visión de futuro. Organiza sus instituciones en sintonía con los preceptos del marco constitucional, generando herramientas para la cohesión social, el desarrollo local y el fortalecimiento democrático.

También contempla otras temáticas como la formación y sanción de las ordenanzas, justicia municipal de faltas, la descentralización del estado local, la Defensoría del Pueblo, el régimen electoral, planeamiento, preservación del medio ambiente, hábitat, políticas de desarrollo humano y económico, entre otras.

A 20 años de la última revisión, en la actualización que se emprenderá, estará bajo análisis nuevamente cada una de sus disposiciones generales y artículos. Allí, deberán adaptarse las normas locales a los nuevos contextos sociales, tecnológicos o legales, permitiendo mejorar la participación ciudadana, la transparencia y los mecanismos de control local.