Techo Digno: piden declarar culpable a la exintendenta Martini y a un exfuncionario  

En el tramo final del juicio por las presuntas irregularidades en el programa de viviendas Techo Digno, este viernes (20/03) el Ministerio Público Fiscal pidió que se declare la responsabilidad penal de la exintendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, y del exfuncionario municipal Alfredo Milano.

Durante los alegatos de clausura, la acusación sostuvo que Martini actuó como autora de los delitos de defraudación contra la administración pública y peculado, mientras que Milano tuvo un rol clave como partícipe necesario en la maniobra.

Según planteó la Fiscalía, existió “un mecanismo delictivo” con dos niveles de ejecución: uno en el ámbito nacional y otro en la órbita local, bajo control de los imputados. En ese esquema, se cuestionó la liberación de fondos millonarios desde Nación sin controles suficientes ni certificaciones de obra.

A nivel local, el foco estuvo puesto en la supuesta sobre certificación de trabajos que, de acuerdo a la acusación, no habían sido ejecutados. “Se trata de nueve licitaciones en las que se repite el mismo patrón. Esto descarta cualquier error de cálculo”, sostuvo el fiscal jefe, al remarcar que los pagos se habrían realizado sin correlato con el avance real de las obras.

Uno de los puntos más contundentes del alegato fue la descripción del estado de las construcciones: “A casi dos años, y con el 82,7% del contrato cobrado, no había en el terreno ni un ladrillo ni una pala”, indicaron, en referencia a un predio ubicado a unas 40 cuadras del Centro Cívico.

La Fiscalía también hizo hincapié en el concepto de “depósito de confianza pública”, al señalar que los imputados habrían vulnerado la responsabilidad de administrar recursos destinados a sectores vulnerables. En esa línea, encuadraron los hechos como “delitos de posición”, es decir, cometidos a partir del lugar de poder que ocupaban dentro de la estructura estatal.

Respecto de Alfredo Milano, se lo señaló como una pieza técnica fundamental para habilitar los pagos. Según la acusación, era quien tenía a su cargo la certificación de avances de obra y habría inflado esos registros para posibilitar desembolsos indebidos.

En relación al delito de peculado, el Ministerio Público Fiscal afirmó que durante el debate se acreditó que fondos con destino específico fueron utilizados para cubrir gastos corrientes del municipio e incluso colocados en plazos fijos, sin ser restituidos al finalizar la gestión.

Tras una exposición de casi dos horas, la Fiscalía pidió que ambos sean declarados culpables por el perjuicio ocasionado al erario público.

Por su parte, la defensa de María Eugenia Martini rechazó la acusación y solicitó la absolución. Argumentó que no existió sustracción de fondos, ya que el dinero permaneció dentro del circuito municipal y fue destinado al pago de salarios en un contexto de crisis financiera. También defendió la decisión de constituir plazos fijos como una medida para evitar la desvalorización de los recursos.

Además, sostuvo que la entonces intendenta no tenía a su cargo el control técnico de las obras y que los pagos se realizaron en base a certificaciones presentadas. También remarcó que el Tribunal de Contralor ya había intervenido sin determinar responsabilidades administrativas.

En la misma línea, la defensa de Alfredo Milano pidió la absolución, cuestionó la existencia de perjuicio patrimonial y solicitó al Tribunal que desestime la acusación.

El veredicto del juicio se dará a conocer el próximo 30 de marzo. (ANB)