La Defensoría pide investigar la violencia en la Apertura de Sesiones  

La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche emitió la Resolución RECO-DPB 1/2026 mediante la cual decidió abocarse formalmente a los hechos de violencia registrados durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal, realizada este lunes (2/03) en el gimnasio municipal Nº 5.

Según detalla el documento, durante el discurso del intendente Walter Cortés se produjo una agresión física contra vecinos que se manifestaban por la situación del Vertedero Municipal y en rechazo al proyecto de DUACC. De acuerdo con las imágenes incorporadas como anexo, un simpatizante del jefe comunal golpeó en el rostro a un vecino, lo que derivó también en lesiones a una mujer que sufrió un desmayo tras el impacto.

La resolución señala que, conforme lo expresado en el recinto por la concejal Julieta Wallace, el agresor sería un funcionario municipal designado en 2025, extremo que deberá ser esclarecido en el marco de la investigación.

El organismo calificó lo sucedido como una “situación de violencia inusitada en la vida institucional de la ciudad”, describiendo empujones, gritos y caídas de personas (entre ellas una mujer con su hija de 9 años) en un acto que, por su carácter formal, debía desarrollarse bajo garantías de seguridad y normalidad democrática.

También advirtió que no había ambulancia en el predio, lo que consideró una “grave falla de seguridad”, teniendo en cuenta la magnitud de la convocatoria y la distancia con centros de salud. Asimismo, cuestionó que la presencia policial no estuvo orientada a prevenir agresiones sino a revisar pertenencias de quienes asistían al acto.

En la parte resolutiva, la Defensoría recomendó al presidente del Concejo Municipal, Gerardo del Río, que adopte medidas urgentes y recolecte material probatorio (grabaciones y testimonios) para evaluar la eventual interposición de una denuncia penal.

A su vez, instó al intendente Walter Cortés, en su carácter de responsable del personal municipal, a iniciar los sumarios administrativos correspondientes para determinar si los agresores son empleados o funcionarios y, de confirmarse, avanzar con sanciones disciplinarias o decisiones políticas como la desvinculación.

La actuación quedó registrada bajo el expediente ACTU-DPB 9/2026 y será publicada en el Boletín Oficial. Desde la Defensoría subrayaron la necesidad de preservar la paz social, el diálogo y el respeto institucional como condiciones esenciales para el funcionamiento democrático de la ciudad. (ANB)