La ANMAT autorizó la comercialización de mifepristona, un medicamento que se usa para garantizar la IVE

Mediante la disposición 1470/2023, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó, ayer, la comercialización de mifepristona que, combinada con el misoprostol, permite a las mujeres y a todas las personas con capacidad de abortar realizarse un aborto seguro en sus casas, preferentemente hasta las 12 semanas de gestación.

Ello permite su distribución y venta en farmacias y su uso en los tres subsistemas de salud -público, obras sociales y prepagas. Esta decisión se enmarcar en el cumplimiento de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto con medicación combinada (mifepristona + misoprostol) tiene una eficacia de hasta un 98%. Desde 2005, consideró a la mifepristona y al misoprostol como drogas esenciales para proveer servicios de salud de calidad.

“Esta disposición de ANMAT completa el paquete regulatorio básico necesario para asegurar la disponibilidad de los mejores estándares de atención y clínicos en todos los efectores de salud del país tanto públicos, obras sociales o prepagas tal como se recomienda en el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo”, informó el Ministerio de Salud a través de un comunicado en su página web.

El laboratorio Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), de Santa Fe, se encuentra en proceso de desarrollo de la producción pública de mifepristona. Además, el año pasado, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Plata para su producción.

La Ley 27.610, sancionada el 30 de diciembre de 2020, reconoce el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación inclusive, con solo expresar la decisión de abortar, sin tener que explicar motivos. Y, a partir de la semana 15, reconoce también el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) si es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante.

Si bien se trata de una ley de orden público, por lo cual es de aplicación obligatoria en todo el país y de cumplimiento obligatorio por el sistema público de salud, obras sociales y prepagas que deben garantizarlo en forma gratuita, se sabe que en la realidad eso no sucede.