“En Bariloche el sistema público de salud responde casi a un 100%”

El Ministerio de Salud presentó este viernes un protocolo destinado a equipos y establecimientos de salud que brinda herramientas concretas para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en un acto donde se valorizó la militancia de las mujeres y la decisión política que permitieron llegar, en diciembre pasado, a la sanción de la ley que garantiza el derecho al acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

“Para nosotros es la oficialización de la ley aprobada en diciembre pasado, la cual nos genera todo el marco teórico, legal e institucional para llevar a cabo las interrupciones legales del embarazo que ya se venían haciendo antes, como las interrupciones voluntarias del embarazo”, explicó a ANB Romina Berazategui, médica integrante de la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir.

La guía contiene dos partes, la primera de ellas dedicada al marco legal, que incluye los principios rectores del derecho a interrumpir el embarazo; las condiciones para el acceso a la IVE y a la interrupción legal del embarazo (ILE); el consentimiento informado necesario en cada caso; la objeción de conciencia; y la responsabilidad profesional e institucional.

En tanto, la segunda parte se ocupa del proceso de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

Al consultarle sobre la aplicación de la ley de interrupción legal del embarazo en la ciudad, Berazategui señaló que “acá en Bariloche el sistema público responde casi a un 100% ya que es una de las pocas ciudades grandes que cuentan con todos los centros de salud en los cuales se puede acceder a la IVE”. Apuntó que “en esta situación de pandemia hay quizá fallas por el contexto, pero los servicios responden”.

Recalcó que los inconvenientes, muchas veces se encuentran en el sistema privado, “tanto de prepagas como de obras sociales, porque hay varios objetores de conciencia que si bien, no deberían obstaculizar la práctica, muchas veces lo hacen” y aclaró que “a veces no son necesariamente de los ginecólogos, quienes derivan de forma oportuna; sino ecografistas o personal de administración”.

“Muchas veces son la propias obras sociales las que miran para otro lado y demoran la entrega de medicamentos o la internación y eso lo termina absorbiendo el sistema público, asumiendo muchas veces como parte en litigios, para que paguen la medicación y se termina tensionando más el sistema público porque la práctica hay que resolverla”, informó Berazategui.

Por otra  parte, la médica destacó que también hay una red importante de mujeres que acompaña y “está fortalecida”, como son las socorristas en red.

Finalmente, contó que desde la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir lanzaron una aplicación llamada “Abortar en red”, la cual busca visibilizar y aumentar el acceso a la ILE  y la IVE, que funciona con geolocalización que señala dónde hay un efector que garantice este derecho. “Esto hace que se rompan un montón de barreras intermedias que muchas veces hacen más difícil la práctica”, destacó.