Amenazas de bomba: crónica de un problema sin solución

El 23 de abril, a horas del mediodía, el colegio Dante Alighieri fue sorprendido por una llamada de amenaza de bomba. Los estudiantes fueron llevados a la plaza de la Catedral, tal como estipula el protocolo de evacuación de la escuela. Una situación que parecía extraña y lejana en Bariloche, se convirtió en materia común al pasar los meses, dejando una comunidad educativa desgastada y a las fuerzas especializadas, totalmente desconcertadas.

Lo mismo pasaba en junio, pero en las sedes locales de la Universidad Nacional de Río Negro. Por entonces, la vía de alerta seguía un camino hoy ya conocido: el llamado entraba por la línea 911 en Viedma, y advertía sobre un explosivo.

Pero el 24 de ese mismo mes, sonó la primera llamada de tantas sobre una amenaza de bombas en el colegio del edificio “Ángel Gallardo”. Ese lunes, pasadas las 10 horas un anónimo advirtió sobre la colocación de una bomba en la escuela ubicada en 12 de Octubre y Sáenz Peña. Y ese fue el primer alerta que comenzó a incrementarse 16 en los siguientes meses; y, en menor escala, se replicó en otras instituciones.

¿Cómo funciona el protocolo antiexplosivos en la ciudad?

En la sucesión de estos llamados, autoridades, familias, alumnos y algunos curiosos, se convirtieron en expertos en protocolos de seguridad y explosivos.

Según contaron desde la subsecretaría de Protección Civil, el primer llamado se da al 911, desde donde envían efectivos policiales al lugar donde se dio la amenaza y ellos luego dan aviso a Protección Civil. El paso siguiente implica dar aviso a la Fiscalía de turno y es la Justicia provincial la que da intervención a la Justicia Federal.

Una vez que la orden federal sale, los miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se dirigen al lugar con la persona especializada en explosivos, un can adiestrado para el hallazgo de los mismos y una tolva, por si hay elementos sospechosos que haya que detonar.

Mientras tanto se activan las medidas de seguridad: perimetrar la zona aledaña donde se realizarán los trabajos del protocolo y evacuar la zona. “Generalmente se evacúa toda la cuadra, siempre depende del lugar donde se encuentre el edificio”, explicó Patricia Díaz, titular de la Subsecretaría.

Además, se dispone una unidad de Bomberos Voluntarios en un punto estratégico donde trabajará la persona experta en explosivos. “También se le da aviso al hospital para que tenga listas las ambulancias en caso de que haya personas heridas, aunque la PSA cuenta con su ambulancia propia”, informó.

En los casos en que son falsas amenazas, “una vez que se revisa todo el edificio y se descartan explosivos, se labra un acta y finaliza el procedimiento”, manifestó la funcionaria.

Los costos de los operativos

El malestar mayor ocurre  porque “los recursos no son infinitos —alertó Patricia Díaz—; mientras los servicios de emergencias están desplegados para atender la llamada falsa, un ciudadano con una emergencia real puede estar sufriendo la falta de ese recurso”.

Además, por la envergadura de los operativos que deben desplegarse, se estima que implican un gasto de casi 50.000 pesos en cada ocasión.

Por otro lado, según contó a ANB Claudio Reiner, comandante de Bomberos Voluntarios Bariloche, “desde el momento que se activa la alarma vos te pones en movimiento desde el lugar que estés, eso ya implica un riesgo para el bombero por lo que te puede pasar viniendo apurado en el camino hasta el cuartel, sumado a todos los riesgos asociados a nuestra tarea”.

Por cada amenaza, como mínimo, se envía un móvil con 3 voluntarios. El protocolo dura más de dos horas, es decir, ese móvil y ese personal está ahí, sin la posibilidad de moverse en todo ese transcurso de tiempo. “Estamos mal aprovechando el recurso en algo que sabemos que seguramente es una falsa alarma”, afirmó Reiner.

Pasaron los días, las semanas, los meses y los protocolos no dejaban de repetirse. El llamado, la evacuación, la intervención, el miedo, la suspensión de clases, los expertos en explosivos. Pero, ¿y la investigación?

¿Qué pasa después de los llamados?

Luego de algunos allanamientos y reuniones con los fiscales, el caso sigue sin resolverse, sin tener culpables o sospechosos, y ayer (martes 26/11) desde el Consejo Escolar Zona Andina y la Supervisión de Educación anunciaron que las clases serían suspendidas en la ESRN 37 hasta nuevo aviso, por las reiteradas amenazas de bomba que se registraron en ese establecimiento.

“La Subsecretaría de Protección Civil ha estado trabajando desde el primer momento, desde la primer amenaza de bomba falsa en la presentación de denuncias —explicó Patricia Díaz—. Se ha trabajado con el Centro de Estudiantes del colegio Ángel Gallardo, se generaron reuniones con el Ministerio de Educación de la provincia y se trabaja cercanamente con Río Negro Emergencias para la obtención de la documentación que se entrega en forma de denuncias al Ministerio Público Fiscal, para la obtención de resultados que detengan esta ola de falsas llamadas”.

Esta semana, y a pocos días de finalizar el ciclo lectivo, las medidas que se tomen resultan claves para poner fin a esta situación y esclarecer los hechos. Sin embargo, luego de reuniones entre directivos, docentes y representantes de las familias con los fiscales, para pedir celeridad en la investigación, las respuestas y soluciones concretas no aparecen.

Desde la comunidad educativa han expresado que “la escuela pública y la comunidad que la integramos, diariamente se encuentra vulnerada por las falsas amenazas de bomba que no nos permiten ejercer nuestros derechos”.

Por otro lado, con las clases suspendidas, los estudiantes de la ESRN Nº37 decidieron tomar la escuela, reclamando por su derecho a la educación y buscando la forma de poder finalizar este ciclo lectivo.

Hasta el cierre de esta nota, a pesar de los allanamientos y de las advertencias, la problemática sigue sin tener respuesta y las amenazas de bomba siguen sucediendo. (ANB)