4S: Audiencia Pública GAS

Por Mario Antonio Bevilacqua

El Gobierno Nacional continua con su proceso de eliminación de subsidios, incrementando en forma gigantesca la renta de las prestadoras del servicio público y su transferencia directa del bolsillo del Pueblo Argentino.

La eliminación del subsidio se basa en un concepto desacertado de lo que debe ser el precio de una tarifa pública en función al servicio que debería presta el estado a sus habitantes. Es una falacia que en el mundo no se subsidian los servicios públicos, desde Estados Unidos que aporta a sus habitantes u$s 2.176 por año, pasando por Rusia u$s 2.334, por Francia u$s 470, Chile u$s 515 y así otro país en el mundo, el subsidio es una herramienta de igualdad y mejoramiento de la distribución del ingreso, permite que todo habitante tenga acceso irrestricto a los servicios públicos a precio razonable.

Las empresas privatizadas que hoy prestan los servicios públicos en la Argentina se vieron sensiblemente beneficiadas por el actual Gobierno Nacional, pasaron de tener resultados operativos en algunos casos deficitarios por su mala gestión a tener una renta exorbitante por ejemplo: Metrogas ganó en 2017 $774,8 millones frente a una pérdida de $604,4 millones el año anterior, Camuzzi Pampeana ganó en el 2017 $824,9 millones contra una pérdida de $207,4 millones en el ejercicio anterior y Gas del Centro obtuvo una ganancia de $770,5 millones, un 444% más.

Los números son muy evidentes, estamos en presencia de una brutal transferencia de la renta del Pueblo Argentino hacia las empresas prestadoras de servicios públicos.

El pedido de los legisladores de retrotraer las tarifas al 31 de diciembre de 2017 y su posterior actualización en función de los incrementos salariales promedio tuvo como objetivo no castigar en forma directa el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, el veto del Poder Ejecutivo demostró una vez más la falta de sensibilidad social que tiene el actual gobierno Nacional, fijando tarifas en dólares y salarios actualizados por debajo de la inflación. Para los sectores más humildes la tarifa social tan anunciada por el gobierno brilla por su ausencia.

En la actualidad el peso del costo de los servicios públicos en el salario de un trabajador representa casi un 21% cuando en el 2015 era de un 6%.

Los servicios públicos deberían ser considerados derechos humanos imprescindibles para la vida de una persona, no se pude lucrar sobre ellos, es incomprensibles que en el siglo XXI un individuo no tenga acceso al gas, agua y luz porque no le alcanza el salario para abonarlo, hoy estamos nuevamente viviendo otra pantomima que son las audiencias públicas no vinculantes, su realización solo cubre aspectos burocráticos, buscan darle vía libre a otro aumento en la tarifa del gas, el problema es que no va hacer el último, todavía faltan eliminar subsidios y actualizaciones por el tipo de cambio, la luz al final del túnel todavía está muy lejana.