La agenda del poder

Cómo es la relación entre los servicios de inteligencia y la Justicia? Alguien debería dar explicaciones de para qué sirven los espías en democracia. Se ha dicho reiteradamente que así como las Fuerzas Armadas vivieron un proceso de cambio en la doctrina, la formación de sus cuadros, su vínculo con las universidades públicas y la sociedad en general, no pasó lo mismo con las fuerzas de seguridad pero especialmente con los servicios de inteligencia. Existe, al menos formalmente, una ley de inteligencia, que fue promulgada el 3 de diciembre de 2001, cuando el banquero Fernando de Santibáñez estaba al frente de la SIDE y 16 días después las fuerzas federales más los espías salieron a la caza de jóvenes en los alrededores de la Plaza de Mayo, con el saldo de decenas de muertos. Tiempo después de la caída de Fernando de la Rúa, De Santibáñez debió prestar declaración ante la Justicia por las coimas en el Senado. El ex jefe de Inteligencia dio información de modo didáctico en la que explicaba cómo los fondos públicos destinados al espionaje tienen una cantidad de cuentas reservadas y cómo a muchos de los agentes se les paga a través de nombres ficticios o sociedades ficticias. De un presupuesto en blanco votado en el Congreso de la Nación se pasa, según explicaba el mismo De Santibáñez, a un grado de opacidad elevado. Desde ya, esa explicación era usada en defensa propia y estaba orientada a justificar su propio desconocimiento respecto de los pagos ilegales a los legisladores para aprobar la ley de flexibilización laboral. Cabe recordar que pese a la autoincriminación de Mario Pontaquarto, aquel sonado caso de corrupción terminó sin condenados.

La Ley de Inteligencia, en sus artículos 18 y 19 establece que “las interceptaciones o captaciones de comunicaciones” realizadas por los espías se hacen con estricta autorización de un juez y que deben realizarse por escrito los números de teléfono o las otras vías de comunicación que serán utilizadas para obtener información supuestamente criminal. También establece un organismo de control en los artículos que van del 31 al 37 que es la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

Hecha la ley, hechas las trampas, afirman quienes conocen el paño desde la Justicia Federal y los agentes secretos. Si en la Argentina no hubieran existido personajes siniestros como integrantes de los batallones de inteligencia militares destinados a secuestrar y matar personas y si no hubiera una historia negra de la inteligencia de Estado especialmente desde el golpe de Estado de 1955 con el general Domingo Quaranta al frente, este artículo tendría un valor bizantino. La realidad es que la misma trama secreta de la designación de agentes permite crear prostíbulos, porque los taxi-boys y las prostitutas son excelentes fuentes de espionaje. Y también una buena vía para poder extorsionar a personas incautas que por un rato de diversión o sexo prohibido entran en lo que en la jerga policial es una ratonera: un lugar donde es fácil entrar y muy difícil salir. Pero también es imprescindible para las tareas de espionaje contar con periodistas que se prestan –por plata o favores– a las llamadas operaciones de prensa. En la llamada Inteligencia tan importante como obtener información es desinformar o contrainformar. Y, sin dudas, para el espionaje eficaz es preciso tener jueces aliados.

Nunca, en 31 años, la democracia asistió a un debate sobre el rol de los servicios generosamente llamados de inteligencia.

¿Qué dicen, en reserva por supuesto, quienes tienen un acercamiento o participación en ese entretejido de Justicia y servicios secretos? Lo primero, es que existen demasiadas zonas grises por la propia naturaleza reservada del manejo de información obtenida sin autorización de la persona investigada. Lo segundo es que la comisión bicameral no funciona con los recursos suficientes para actuar como órgano auditor y que muchísimos países tienen ámbitos para aclarar todo lo que se pueda. Respecto de las llamadas pinchaduras telefónicas –por mencionar algo que es una creencia generalizada–, afirman que los jueces muchas veces autorizan intervenciones a líneas de teléfono que no tienen nada que ver con el objeto de investigación. Por otra parte, la tecnología necesaria para hacer esas intervenciones está en manos de ex agentes (que nunca se sabe si son realmente ex).

¿Qué pasó con Francisco Larcher? Hace mucho, concretamente desde que Sergio Massa rompió repentinamente con el Frente Para la Victoria, que el nombre del “Señor 8” (como se lo conoce en la jerga de los espías) está vetado en el círculo más estrecho de la Casa Rosada. La salida de su jefe político, Héctor Icazuriaga, tiene menos peso en ese mundo, porque Icazuriaga era un “pingüino” en el edificio de los servicios de Inteligencia. Un hombre que oficiaba de nexo pero sin carrera en esa profesión donde el buen desempeño es saber armar equipos de gente con doble identidad, encriptar datos, tramar accidentes que nunca existieron y cosas por el estilo. Más especializado en el mundo de las tecnologías es aún otro agente que responde al nombre de Jaime Stiuso y que dio una entrevista telefónica a la revista Noticias hace unos días. Dada la especialidad de ese agente, es difícil saber cuál es su verdadero nombre y si la conversación del periodista fue con el hombre de Inteligencia. Pero, asumiendo que sea Stiuso y que haya hablado, se rompió una tradición en el secreto del espionaje. Stiuso hizo público algo que publican una cantidad de portales vinculados a distintos sectores de la inteligencia. Básicamente, habla de supuestas amenazas recibidas por él mismo, reconoce veladamente una interna con otro agente –que responde al nombre de Fernando Pocino– y apunta a la Bonaerense por la muerte del agente secreto Pedro el Lauchón Viale.

El ciudadano común, el que ve en el peronismo la tradición popular o el que ve en el radicalismo cierta vocación republicana o cualquier otro que tenga cierta ingenuidad respecto de lo que son los vericuetos del poder real, se siente ajeno a este mundo. Lo ve, sí, en películas o relatos literarios. Existe y, como esta vez, cada tanto aparece en la superficie. Los periodistas no acceden a la información sobre estos asuntos ni por conferencias de prensa de los responsables de la Comisión Bilateral ni por boca de los responsables de la Secretaría de Inteligencia. Algunos tienen acceso a fuentes reservadas y otros a la pura imaginación. En un país donde se juzgan delitos de lesa humanidad y se cambió la doctrina en las fuerzas militares no debería jugarse con fuego: hay que democratizar todo, y eso no se hace con purgas o cambios de nombres.

¿Por qué Juan Martín Mena? El lugar de Larcher fue ocupado por quien era el jefe de Gabinete del ministro de Justicia Julio Alak. Mena entró a la Procuración Penitenciaria –dependiente de ese ministerio– en tiempos de Fernando de la Rúa. Aquel joven de Franja Morada pasó a ser este no tan joven dirigente de La Cámpora muy vinculado al jurista Alejandro Slokar, catedrático destacado e integrante de la Cámara de Casación Penal. En principio, puede advertirse que hay una serie de llamados a indagatorias o acusaciones penales que tienen por objeto a funcionarios como Carlos Gonella y el mismo ministro Julio Alak, que parecen más destinados a dañar al gobierno –y a los sectores llamados garantistas– que a indagar faltas a la ley. Entre esos jueces, algunos tuvieron trato correcto con el oficialismo pero tuvieron causas que generaron enemistades o tensiones. Concretamente Marcelo Martínez de Giorgi procesó a Gonella, Ariel Lijo tiene la causa más pesada de Amado Boudou (caso Ciccone) y Daniel Rafecas autorizó hace un par de años el allanamiento al departamento de Boudou en Puerto Madero. En círculos del Gobierno suelen tomarse a estos procedimientos como presiones políticas. Pueden serlo, quizás en alguna medida. Lo que sucede con la Justicia Federal no es ajeno a los juegos de poder: los magistrados llegan por acuerdo del Senado a su cargo y no por eso aceptan ser ahijados políticos del partido de gobierno o de la oposición. Algunos mantienen vínculos con funcionarios de gobierno y, al mismo tiempo, se amparan en la llamada corporación judicial.

La pregunta que cabe formularse es si la llegada de Mena es para transparentar la relación entre magistrados y espías o bien es para “extorsionar jueces”. No pocos magistrados sugieren o dicen explícitamente que alguna vez los “apretaron”. ¿Y cómo no lo denunciaron en algún juzgado? La condición paranoica no es exclusiva de las personas que ejercen cargos de poder, desde ya, pero la tienen particularmente desarrollada. Hace ya cuatro décadas, el gran Gene Hackman protagonizaba a un especialista en tecnología de espionaje (lo que sería un Stiuso en Argentina) que terminó con manías persecutorias precisamente como una deformación profesional. La conversación fue una película de Francis Ford Coppola que apareció justo después del Watergate. Este fue un caso que todavía para muchos es un gran ejemplo de periodismo de investigación mientras que para los más cáusticos se trataba sobre todo de periodistas de un diario con poder (el Wa­shington Post) y el poder de los espías. Pocos recuerdan que el Watergate explotó apenas después de la muerte de John Edgar Hoo­ver, el hombre que sabía más sobre los presidentes norteamericanos que los presidentes mismos. Los servicios secretos suelen ser un poder dentro del poder. Hace muchos años se decía que las estadísticas son como las bikinis y podría usarse la misma metáfora para los agentes de inteligencia con los jefes de Estado: les muestran cosas interesantes y les ocultan las más importantes.

Transparencia. Parece retórica populista, pero la agenda de los cambios de gabinete de estos días deja muy poco margen para la información precisa. Se tejen hipótesis y se dan por ciertos muchos mitos. Un logro de esta década es que los asuntos de derechos humanos están presentes en la sociedad. Hubo impunidad por años. Ya no la hay. Pero, ¿por qué no se cambia la doctrina y la concepción del rol de los espías? ¿Tan funcional a la realpolitik es contar con agentes que guardaron secretos para otras etapas de la Argentina? ¿Habrá algunos de ellos que sobreviven por mantener secretos? En un año electoral, lo que está claro es que, además del relevo de Icazuriaga por Oscar Parrilli –dos funcionarios del riñón de Cristina–, salió un hombre de la cocina del espionaje y entró uno con claros vínculos con la Justicia Federal. Alguien podría preguntar: ¿eso es bueno o es malo para el pueblo judío?.