El Concejo de San Martín de los Andes rechazó el juicio político contra Saloniti

El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes rechazó este jueves (3/09) el procedimiento para avanzar con un juicio político contra el intendente Carlos Saloniti. La moción obtuvo cuatro votos a favor y siete en contra, por lo que no alcanzó los votos necesarios para continuar con el proceso.

La decisión se tomó durante la Sesión Especial N° 1 de 2026, convocada luego de que una vecina de la localidad, Valeria López Oronoz, presentara una denuncia contra el jefe comunal por presunto mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes a su cargo.

La definición de este jueves tuvo un antecedente particular: el 6 de agosto, el Concejo había aprobado por unanimidad llevar adelante las diligencias correspondientes a partir de la presentación de López Oronoz. Esa decisión no implicaba una destitución ni determinaba la responsabilidad del intendente, sino que habilitaba el procedimiento previsto por la Carta Orgánica Municipal y la normativa que regula el juicio político.

Los seis cuestionamientos

La denuncia presentada por López Oronoz planteó seis ejes de cuestionamiento a la gestión municipal.

Uno de ellos estuvo relacionado con el sistema cloacal y su impacto ambiental sobre el lago Lácar. La presentación cuestionó la situación de las plantas de tratamiento y sostuvo que existieron advertencias y episodios vinculados con el tratamiento y disposición de efluentes.

Otro de los puntos estuvo relacionado con la deuda que el Municipio mantiene con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). El reclamo tomó especial relevancia después del corte de energía que afectó al Palacio Municipal y al Concejo Deliberante. La deuda había sido estimada en alrededor de $1.700 millones.

La denuncia también cuestionó un supuesto incumplimiento de una medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén vinculada al Convenio Colectivo de Trabajo de los empleados municipales.

El cuarto eje estuvo relacionado con las obras realizadas en el cerro Chapelco, particularmente con movimientos de suelo y cuestiones vinculadas con los controles ambientales y las autorizaciones correspondientes.

El quinto punto apuntó al vínculo entre el Ejecutivo y la Contraloría Municipal, a partir de cuestionamientos sobre el tratamiento que la gestión de Saloniti habría dado a observaciones y actuaciones del organismo de control.

Finalmente, la presentación cuestionó el proceso de participación ciudadana y elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, incluyendo planteos sobre la audiencia pública y la confección de registros y actas del proceso participativo.

Saloniti respondió durante casi cuatro horas

Con esos seis puntos como eje, Saloniti concurrió este jueves al Concejo Deliberante y realizó un extenso descargo. Según informó el Municipio, utilizó casi cuatro horas para responder uno por uno los cuestionamientos y llevó documentación, expedientes y antecedentes administrativos para respaldar sus explicaciones.

Sobre el sistema cloacal, el intendente rechazó que exista un colapso general y sostuvo que las plantas continúan funcionando. También enumeró obras e inversiones realizadas y proyectadas para mejorar el tratamiento de los efluentes.

Entre ellas mencionó un aporte provincial de más de $128 millones recibido en 2025, inversiones en los sistemas ultravioletas de las plantas PTE-1 y PTE-3 y equipamiento cuyo costo estimó en unos $600 millones. También señaló que existe un presupuesto de más de $951 millones para incorporar un sistema de tratamiento terciario en la PTE-3. Según su exposición, las inversiones actuales y proyectadas en saneamiento rondan los $1.552 millones.

Respecto de la deuda con el EPEN, Saloniti explicó que existe desde 2006 un mecanismo de compensación entre el Municipio y el organismo provincial y sostuvo que el desequilibrio comenzó a aparecer en 2024 y se profundizó durante 2025.

También detalló que existen 286 suministros eléctricos vinculados al Municipio y afirmó que 204 de ellos son anteriores al inicio de su gestión, mientras que 82 fueron incorporados desde diciembre de 2019. Según explicó, el Municipio avanzó en una refinanciación de la deuda y en la revisión de los suministros y las potencias contratadas.

En cuanto al cuestionamiento por la medida cautelar y el Convenio Colectivo, el intendente sostuvo que se está confundiendo una discusión sobre la constitucionalidad de una norma con un supuesto incumplimiento de una orden judicial. Planteó que para atribuirle responsabilidad personal debería identificarse cuál fue concretamente la orden que incumplió y qué conducta habría realizado en contra de esa resolución.

Qué dijo sobre Chapelco

Uno de los capítulos centrales de la exposición estuvo relacionado con las obras en el cerro Chapelco.

Saloniti recordó que el 30 de enero el Municipio detectó movimientos de suelo no autorizados en la playa de estacionamiento y que, ante esa situación, ordenó paralizar los trabajos, exigió documentación y dispuso medidas de mitigación.

También destacó que el procedimiento ambiental continuó y que el Concejo Deliberante aprobó el 23 de abril la Ordenanza 15.593/26, que otorgó la factibilidad ambiental para la playa de estacionamiento.

El intendente diferenció además ese expediente municipal de otras obras vinculadas al centro de esquí, como el nuevo medio de elevación, los cañones de nieve, el reservorio de agua y las líneas eléctricas, que —según explicó— fueron tramitadas en el ámbito provincial.

La relación con la Contraloría y el Plan de Ordenamiento

Sobre la Contraloría Municipal, Saloniti reconoció que el organismo tiene la función de controlar, pero marcó una diferencia entre las tareas de ese órgano y las responsabilidades del Ejecutivo.

Aseguró que la mayoría de las notas recibidas fueron respondidas y que las restantes fueron derivadas a las áreas municipales correspondientes para su evaluación.

En relación con el Plan de Ordenamiento Territorial, negó que se haya buscado evitar la participación ciudadana. Explicó que la audiencia pública prevista por la Carta Orgánica corresponde a la instancia de aprobación del Código de Planeamiento Urbano y no a la etapa técnica previa.

Como respaldo, mencionó que entre el 12 de mayo y el 4 de junio funcionaron once comisiones temáticas abiertas a la comunidad y que se realizaron distintas instancias de participación. También sostuvo que la contratación de un estudio de impacto ambiental y social para obras en los callejones Gingins y Torres fue autorizada por el propio Concejo Deliberante.

La votación que cerró el procedimiento

Después de la exposición del intendente y de las instancias previstas en la sesión especial, el Concejo Deliberante puso a consideración la continuidad del procedimiento.

La moción obtuvo cuatro votos a favor y siete en contra.

Votaron a favor Sol Petagna, César Meza, Paula Víves y Marcela Valenzuela.

En contra se pronunciaron Natalia Vita, Pablo Padilla, María Laura Dapieve, Jovita Brondo, Santiago Fernández, Carlos Menéndez y Roberto Sicilia.

De esta manera, el pedido de juicio político no consiguió avanzar.

El resultado marca un cambio respecto de la votación del 6 de agosto, cuando el Concejo había respaldado por unanimidad el inicio de las diligencias sobre la denuncia. En aquella oportunidad, el cuerpo había dejado expresamente establecido que se trataba de la apertura de una instancia institucional y no de un pronunciamiento sobre la responsabilidad del intendente.

Saloniti cerró su exposición reivindicando su gestión y rechazando que haya abandonado sus funciones, desobedecido deliberadamente a la Justicia o impedido los mecanismos de control institucional.

“Una cosa es controlar a un gobierno y otra muy distinta es transformar las dificultades propias de gobernar en una causal de destitución”, sostuvo el intendente durante su descargo. (ANB)