Concejo intima al Ejecutivo a no vender lotes sociales hasta que determine su valor

Un duro debate se dio en la sesión de este jueves en el Concejo municipal, en torno al proyecto presentado por el bloque del Frente Grande que solicita al Instituto de la Vivienda que se abstenga de seguir vendiendo y cobrando lotes sociales, hasta tanto se cumpla con la normativa que obliga a establecer por ordenanza el “precio máximo” del metro cuadrado de la tierra.

La iniciativa fue finalmente aprobada en general por unanimidad, y por mayoría en particular. El oficialismo del Partido Justicialista votó en contra el punto central que plantea al Instituto Municipal de la Tierra y la Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS) que “deje sin efecto la Resolución (209 de este año), por la cual determinó valores sin consulta ni aprobación del Concejo municipal.

Argumentó a favor de la aprobación el concejal Alfredo Martín, quien cuestionó que ya se hayan vendido “y comenzado a cobrar” los lotes, e incluso calificó como “lo más grave” que la propia Intendenta María Eugenia Martini “haya firmado los boletos de compraventa” con los precios fijados de manera arbitraria.

Si bien se preocupó por destacar el apoyo a la política del Ejecutivo de avanzar en la regularización de la propiedad de la tierra y de impulso a la venta de los lotes sociales, el edil calificó como “una barbaridad” la situación. Apuntó además que “parece que hay loteos sociales de primera, segunda, tercera y cuarta categoría”, y ejemplificó que en los barrios 10 de Diciembre, Arrayanes, Eva Perón se vendieron a un precio, en Villa Llanquihue vale 200 pesos el metro cuadrado, en otro barrio 195. No creemos que la tierra social tenga distintos valores en distintos lugares. La tierra tiene que valer lo mismo”, planteó.

Incluso, Martín arriesgó que debería analizarse si al Presidente del IMTVHS “no sé si le cabe una causa por mal desempeño de las funciones públicas”, por haber avanzado en las ventas sin dar intervención al Concejo para fijar el precio máximo del metro cuadrado.

La defensa de la actuación del Instituto quedó en manos del concejal del FpV, Alejandro Ramos Mejía, quien consideró que el Ente tiene “atribuciones” para realizar las operaciones, ya que el Concejo sólo estaría habilitado para fijar “precios máximos”. Recurrió a una interpretación distinta de la ordenanza que establece la participación del Deliberante en torno al tema.

Recordó que el propio Concejo puso precio a lotes sociales cuando aprobó, por ejemplo, la compra de las 35 hectáreas en 2010.

“El 'precio máximo' tiene que ser aprobado (por el Concejo), y el mínimo lo puede fijar el Instituto”, señaló Ramos Mejía. Su prédica sólo tuvo eco en los ediles de su bloque, Ramón Chiocconi, Edith Garro, y el aliado Mauro González (PVC), quienes votaron de manera negativa al artículo segundo. Sin embargo fue aprobado gracias a los votos de los bloques del Frente Grande, Frente Social del Pueblo, y SUR. (ANB)