Contrapoder

Desde hace meses, las marcadas diferencias entre Martini y García Larraburu se corrieron del ámbito político, hasta rozar el institucional. Hechos como la ausencia de Larraburu en el acto de lanzamiento de campaña de Martini, y las quejas subliminales de la Senadora porque la Intendenta y su equipo "no trabajaron" para las últimas elecciones legislativas nacionales del FpV, entre otros gestos, integran la trama de lo anecdótico.

Si bien se impactaron los límites institucionales cuando Martini impidió que Chiocconi y Larraburu concretaran unas jornadas de capacitación legislativa en el Concejo, hay hechos más graves.

La implacable disputa entre el Ejecutivo y el Tribunal de Contralor es, en términos institucionales, al menos riesgosa. Y se encuentra en un punto de profundización del que parece no tener retorno.

Por tratarse de un cuerpo electo por el pueblo e integrado por los tres partidos mayoritarios (Partido Justicialista-Frente para la Victoria, Frente Grande y Pueblo) su manejo (o manipulación) político, en algún punto, se vuelve insoslayable. Paradójicamente, y tal como ocurre con otros órganos de control en Río Negro, sus miembros hacen política, responden a intereses partidarios y al mismo tiempo, deben advertir, vigilar y sancionar al Gobierno de turno.

Con esos preceptos como cimientos y eje directriz, la cotidianidad en la tortuosa relación entre el Tribunal de Contralor y el Gobierno es sumamente oscilante. La actual composición del organismo es la misma que cobijó al ex Intendente Omar Goye, quien con su venia y la del Concejo Municipal (a cargo de Martini en ese entonces) profundizó la crisis social, obligó a la ciudad a atravesar el más cruento proceso de decadencia institucional, y a los ciudadanos a decidir su propia suerte.

Más tarde, una vez visibilizadas las correderas de Goye y ya removido de su cargo, el Contralor cayó sobre el ex mandatario con todo su peso.

Ese manejo discrecional y arbitrario de las normas por parte del Tribunal de Contralor durante el mandato de Goye, lo vigorizó de poder, y a su vez encorsetó al actual Gobierno que encabeza Martini.

Hoy, ese mismo Gobierno no tiene oposición en el Concejo. Públicamente, y sin tapujos, Martini reparte elogios tanto para Carlos Valeri (FG) como para Leandro Lescano (FSP), dos de los ediles los que deberían, siendo consecuentes con las fuerzas que representan, "trabajar" de opositores. Y no lo hacen, ni ellos ni el resto de los bloques, que eluden cumplir con la función subsidiaria de contralor del Poder Ejecutivo. Así lo demuestra la "sorpresa" del Concejo ante la denuncia del Soyem sobre la compleja situación económica y financiera que atraviesa el Municipio, y los sobregirosen descubierto bancario a los que recurrió la administración Martini. También lo evidencia la aprobación de todos y cada uno de los proyectos de Ordenanza promovidos por Gobierno, casi sin objeción, entre otros tantos ejemplos. El umbral 2015 desnudará si se trata de simple desapego al trabajo, o fines electoralistas vinculados al futuro Gobierno de Martini.

En rigor, el edil que hoy funciona como opositor en el Concejo es su Presidente y copartidario de Martini, Ramón Chiocconi. Toda una paradoja.

En ese escenario, el Tribunal de Contralor, desde hace unos meses (y no antes) se volvió menos permisivo que durante el interinato de Martini y el primer tramo de su Gobierno como Intendenta electa. Claro, como argumento a favor del Contralor (y del Concejo), en una primera instancia, debía preservarse una escuálida institucionalidad, y acatar la orden del Gobierno nacional, luego de la estudiada salida de Goye. A eso se suma un prolijo manejo de las cuentas y la cosa pública, que efectivamente tuvo el Gobierno de Martini en sus inicios. Todos debían brindarle abrigo y amparo al Gobierno, guardar intereses políticos en un cajón, o anestesiarlos, y disponerse a reconstruir la institucionalidad que colaboraron en fragmentar.

Ahora, más próximos a las elecciones de 2015, comienzan a asomarse las cabezas y reflotan las diferencias partidarias e incluso internas y sectoriales.

La representante del Frente para la Victoria en el Tribunal de Contralor, la abogada, Daniela Núñez, cumple hoy el rol más complejo. Por pertenencia partidaria debería acompañar en su función al Gobierno de Martini. Pero por identidad sectorial interna, Núñez responde a su referente, Silvina García Larraburu.

Manejar ese dilema no es sencillo, pero en los últimos meses la tarea se complejizó. El Contralor avanzó en algunos cuestionamientos al Ejecutivo que antes había evitado. Cruzó la línea y Martini reaccionó. Como siempre, sin contemplaciones.

Es cierto, hay claros ejemplos que denotan que Martini opone una fuerte resistencia a la crítica, y pretende ostentar un poder tentacular. Así lo demuestra la irregular remoción de Vicente Mazzaglia de su cargo como Defensor del Pueblo, cuyo resarcimiento judicializado podría derivar en un significativo perjuicio económico para las arcas municipales. Y también lo prueba el peligro que corrió en el mismo puesto su sucesora, Andrea Galaverna: cuando la funcionaria (impulsada por Martini para el cargo) comenzó a señalar y objetar medidas y políticas del Gobierno Municipal, inmediatamente el oficialismo en el Concejo le cayó encima luego que la Defensora del Pueblo emitiera opinión sobre el voto joven.

No se alejan de esa lógica las críticas solapadas del propio Gobierno al ex Secretario de Hacienda, Ariel Gomis, luego que definiera dejar el Gabinete de Martini, con una incuestionada gestión en su haber, y el peso de haber visto y escuchado demasiado. Con la misma impresión, se fue del Gobierno la gestora de la recuperación estatal del Puerto San Carlos, la Asesora Letrada del Ejecutivo, María Marta Peralta.

Un caso que puede acuñarse a lo expuesto es el del Juez de Faltas, Gustavo Contín, a quien Martini corrió de su cargo por cuestiones de poderío político. Por el resultado que obtuvo Contín en el concurso al puesto, Martini no podía obviar reponerlo en el cargo a través del voto de sus concejales, y poniendo a prueba la persuasión de estos al resto de los ediles. Martini intentó poner a uno de los suyos en ese espacio clave, pero lo hizo con endebles soldados legislativos, y falló.

Cooptar poder hasta niveles de persecución. No tener oposición, objeción, cuestionamientos ni sanción. Esa es la premisa de Martini, que rige su pragmático proceder. Los diversos cruces recientes entre el Contralor y el Gobierno, incluso llevaron a la Intendenta a declarar que pediría al Concejo que analizara delimitar las facultades del organismo de control.

Uno de los temas más candentes, es la designación del Asesor Letrado del organismo de control. Días atrás, ANB publicó detalles del mandamus presentado al Superior Tribunal de Justicia (STJ) por el abogado Martín Dominguez, de manera particular. En ese escrito, el abogado expone algunos sólidos argumentos jurídicos sobre porqué -hasta que el STJ no resuelva la causa por "inconstitucionalidad", presentada por la gestión anterior del Contralor- se debe llamar a concurso para nombrar a un Asesor Letrado en el organismo. Así, Domínguez refuta los también contundentes fundamentos del Contralor, que apela a la "igualdad" de condiciones en la elección de su asesor jurídico, respecto de los otros dos poderes.

Para resolver si se atiende ese mandamus -que Domínguez presentó en contra de la Municipalidad, para que obligue al Contralor a llamar a concurso- el STJ no podrá soslayar un hecho: en el momento en que la actual gestión del Contralor presentó la nueva demanda por inconstitucionalidad –luego que caducara la interpuesta por el Contralor precedente, en 2012- corrió traslado al Ejecutivo de Martini y obtuvo su beneplácito. En 2013, Asesoría Letrada del Ejecutivo presentó una "excepción de falta de legitimación pasiva" y subsidiariamente respondió y -expresamente- acordó con el Contralor su potestad de contratar al propio letrado. Esa excepción fue rechazada, pero el STJ deberá poner en consideración que el Ejecutivo ya se expidió sobre la cuestión, en favor del Tribunal de Contralor. Y, oportunamente y en el mismo sentido favorable, también lo hizo el Concejo.

Lo que resulta incómodamente sugerente del mandamus de Domínguez, es que sus fundamentos se parecen demasiado a los concluyentes argumentos que el Gobierno maneja en contra de la contratación directa del asesor letrado del Contralor. La similitud de ambos análisis –uno público, y otro que se mantiene puertas adentro del Municipio- a los que ANB accedió, es sumamente sugestiva. Presumir que el Gobierno de Martini ocupa sus horas en una estrategia en contra del Tribunal de Contralor resulta, al menos, preocupante.

Pero a los ojos del Gobierno y en su favor, el Contralor también tuvo algunos deslices que Martini y su equipo de gestión no piensan dejarle pasar.

Durante meses, el Contralor deliberadamente evitó mover el expediente en el STJ para dilatar un muy probable fallo en contra, que los obligue a llamar a concurso para nombrar su asesor letrado. Como contrapartida, días atrás, presentó un escrito para agilizar la resolución de la causa. Y tiene su propia teoría sobre porqué el Ejecutivo porfía con el llamado a concurso: para postular un abogado de los suyos y controlarlos de cerca.

El Gobierno, en tanto, critica duramente al Tribunal de Contralor, entre otras cosas, por no haber advertido la progresiva y millonaria deuda que la aseguradora provincial Horizonte mantiene con el Municipio, en concepto de reintegros impagos de días de licencia por accidentes de trabajo. El pasivo de 15 millones de pesos se registra desde 2009, y la situación, que horadó fuertemente al erario público fue detectada en 2013 por el secretario de Gobierno, Daniel Natapof. El Contralor, por su parte, argumenta que no tenía forma de enterarse de la existencia de ese pasivo, y considera que es necesario iniciar un sumario al empleado de planta responsable, que se desempeña bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno. La administración Martini entiende que el Contralor "sabe todos y cada uno de los movimientos del Ejecutivo, en el momento en que suceden". Y considera que el organismo de control no puede desconocer los alcances de la ley 24557, referidas a los riesgos de trabajo. "Tienen acceso a todo, si no se dieron cuenta fue por impericia o incapacidad", consignaron a ANB fuentes cercanas a la Intendenta.

Por otra parte, el Gobierno atribuye algún grado de responsabilidad al Concejo por contribuir al poderío que "sin control ni restricciones" ostenta el Tribunal de Contralor. Una Ordenanza establece que el organismo de control debe hacer rendiciones de cuentas, que estarán sometidas a una Comisión Especial designada por el Concejo Municipal. Esa Ordenanza nunca se reglamentó.

Para el Ejecutivo, el Contralor tiene un "criterio errático" y una "actuación selectiva" en los asuntos que investiga, o deja pasar. "Hay una jugada jodida del Contralor contra nosotros (el Gobierno) y tenemos que actuar. Ellos juegan políticamente. Y es Núñez la que agita y motoriza las jugadas", se justificaron fuentes del Centro Cívico, consultadas por ANB.

La disputa entre el Contralor y el Gobierno no resulta tangencial para la esfera de la alta política provincial. Hace pocos días, se los vio reunidos al senador Miguel Pichetto y a la contralor, Daniela Núñez, en el bar de un hotel céntrico de la ciudad. Si bien lo sucedido en el encuentro es conjetural, lo cierto es que el nivel de conflictividad y fuego cruzado entre el Contralor y el Ejecutivo se agudizó.

El fluctuante vínculo entre el Contralor y el Ejecutivo, permitió que el giro en descubierto bancario por sobre lo autorizado por el Régimen de Contabilidad fuera solapado a la opinión pública durante seis meses. Ahora, de sostenerse la irregularidad, el Contralor podría pasar de la advertencia privada que le hizo al Gobierno hace meses, a un apercibimiento de mayor alcance. "Nos advierten, pero no nos sancionan por sobregirar en descubierto bancario. Y nos dicen, sin embargo, 'por esta misma irregularidad en la que ya incurriste te voy a sancionar'. Ante un incumplimiento se sanciona o no se sanciona. Y por eso hay niveles distintos de sanciones", criticó una estrecha fuente del Gobierno, que consideró que el Contralor "está protegiendo" al ex secretario de Hacienda, Ariel Gomis, debido a que bajo se gestión comenzó a sobregirarse en descubierto.

En ese vaivén de la relación con el Gobierno, el Contralor logró que en tiempos felices, el Ejecutivo respaldara su intención de elegir a su propio asesor letrado y contratarlo de manera directa. ¿Qué cambió en los últimos meses para que cesaran esas mutuas prebendas? La política vuelve a primer plano, y bajo ese prisma, se desdibuja todo. Ese es el silogismo. La grieta entre Martini y Larraburu lo vuelve inteligible.

Carolina Cohen.